martes, 2 de enero de 2018

Qué pasó, qué viene (3)

Artículo publicado en La República, domingo 31 de diciembre de 2017

La semana pasada comentábamos sobre la inesperada sobrevivencia del presidente Kuczynski a la moción de vacancia presidencial, donde la actuación de Kenji Fujimori resultó clave, y preveíamos “un indulto humanitario, previo informe de una junta médica calificada, en un plazo no muy lejano, escenario anunciado más de una vez por el presidente”. Después del 21 se abría la posibilidad una recomposición de fuerzas en el Congreso que le diera cierto aire al poder ejecutivo, al terminar la mayoría absoluta de FP; esto implicaba aislar a los sectores más “termocéfalos” que votaron por la vacancia, y construir una mayoría recuperando una iniciativa política reformista, sobre la base de un gabinete basado en figuras con trayectoria y peso político propio. Esto implicaba también, en un plazo razonable, un indulto humanitario que resultara inobjetable en su justificación y procedimientos.

Lo que no esperábamos era que el indulto llegara el día 24, de la manera torpe en la que ocurrió, que incineró la legitimidad que podría haber tenido. No concebíamos que fuera posible que un presidente dijera el día 20 que tenía que ser más confrontacional con el fujimorismo para luego ofrendarle su destino el día 24; que despertara a la movilización antifujimorista, su apoyo en casos de emergencia, para luego convertirse en su enemigo; que armara su defensa recurriendo a personajes de clara filiación antifujimorista como Alberto Borea o Pedro Cateriano, para inmediatamente después ganarse su desprecio; que implementara un “indulto express” en una operación no solo encubierta si no que también incluía maniobras distractivas (como las del Ministerio de Justicia); que desautorizara tan groseramente a la Presidenta del Consejo de Ministros y al vocero de la bancada parlamentaria que negaron explícitamente la negociación del indulto. Que hiciera todo ello precisamente después de haberse defendido de la moción de vacancia denunciando el apresuramiento, la falta de transparencia y la violación al debido proceso. Que confirmara a ojos de muchos que mintió cuando acababan de acusarlo de haber mentido en su relación con Odebrecht. Que actuara sin mayores escrúpulos precisamente cuando se acababa de librar de una vacancia por incapacidad moral.

Quienes piensan que este indulto podría funcionar se basan en tres premisas, todas cuestionables. Primero, que una abrumadora mayoría del país apoyaría el indulto, basándose en encuestas de opinión previas. El problema es que la forma en que se dio mella seriamente la presentación del indulto como un medio de “reconciliación”, para ser visto como una negociación burda para salvar a un presidente con rabo de paja. Segundo, que la respuesta contraria no será a la larga significativa: no parece sabio jugar con fuego, mucho más siendo un presidente tan débil. Y tercero, que a partir de ahora el fujimorismo será liderado por Alberto, y que se comportará más “cooperativamente”. Si bien Keiko ha quedado ciertamente muy golpeada, no me la imagino como una niña pequeña bajando la cabeza y yendo al rincón de los castigos después de los regaños de su padre, junto a su mototaxi. Tampoco me imagino a Kenji como un candidato presidencial viable, ni a un fujimorismo abiertamente roto. Después de una negociación y un acomodo, emergerá nuevamente con sus mismos intereses: ganar el 2018 y el 2021, para lo cual resulta imprescindible salir bien librados de las investigaciones de casos de corrupción, y no ser asociados con un gobierno impopular, desprestigiado, sin credibilidad. Los problemas no se han resuelto, pasamos apenas por el ojo del huracán.

Qué pasó, qué viene (2)

Artículo publicado en La República, domingo 24 de diciembre de 2017

El viernes 15 la moción de vacancia presidencial presentada por el Frente Amplio se aprobó con 93 votos a favor, es decir, con casi unanimidad descontando a la bancada oficialista. Hasta el lunes 18, inclusive, después de la presentación del presidente en televisión nacional, la previsión era que la suerte del presidente estaba echada. No había logrado dar explicaciones satisfactorias respecto a los conflictos de interés en los que habría incurrido, se especulaba sobre su renuncia y sobre la viabilidad de un gobierno de Martín Vizcarra. ¿Cómo así logró evitar la vacancia en tres días?

En primer lugar, el gobierno empezó a defenderse con más energía. Si bien no lograron persuadir a la opinión pública de la inocencia o integridad del presidente, sí lograron convencer a muchos de que el Congreso actuaba con excesivo apresuramiento. Segundo, para mí lo más importante, el énfasis de la discusión se desplazó de la moralidad del presidente a la prepotencia del fujimorismo, por obra de ellos mismos. El intento de conseguir 104 votos para votar la vacancia lo antes posible, declaraciones altisonantes, por llamarlas de alguna manera, de Héctor Becerril, de Luis Galarreta (contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos), y luego de Daniel Salaverry, reavivaron la imagen de un fujimorismo golpista, que a la larga hicieron que Keiko Fujimori pierda por tercera vez el propósito de controlar el poder ejecutivo. Si en 2011 se puede atribuir a Jorge Trelles o Alejandro Aguinaga, y en 2016 a José Chlimper, el cometer errores de último minuto que cambiaron tendencias que parecían firmes, esta vez ese sitial corresponde a estos voceros parlamentarios. Su locuacidad generó el espacio para que Kenji Fujimori pudiera retomar un discurso alternativo basado en privilegiar la gobernabilidad sobre la confrontación, unificó a la bancada de PPK, sacó al antifujimorismo a la calle, permitió que Nuevo Perú privilegiara la lucha contra el fujimorismo a sus cuestionamientos al neoliberalismo, que APP pudiera presentarse como una fuerza política responsable, y dividió los votos del APRA, de AP y de los no agrupados. Tercero, el encono de Fuerza Popular arrinconó tanto al gobierno que lo obligó a jugarse el todo por el todo: jugar la carta del antifujimorismo, denunciar la existencia de un plan de golpe de Estado parlamentario el miércoles 20, anunciar que la vacancia implicaría la renuncia de los vicepresidentes y el adelanto de elecciones generales, al mismo tiempo que llamaba a actuar con prudencia y tendía un puente a los “jóvenes congresistas” de FP y de otras fuerzas políticas en la intervención de Alberto Borea.

Esta estrategia, si bien no doblegó al Frente Amplio, sí consiguió diez abstenciones en FP. Los votos “kenjistas”, antes que desnudar una negociación a cambio del indulto de Alberto Fujimori, mostrarían la consolidación del liderazgo de Kenji, con la bendición de su padre, y exhibió su importancia crucial en el juego político congresal. Esto hace verosímil la posibilidad de un indulto humanitario, previo informe de una junta médica calificada, en un plazo no muy lejano, escenario anunciado más de una vez por el presidente.

¿Qué viene? Aparentemente la lección sacada después de esta experiencia es la importancia de contar con políticos con trayectoria y peso político como aliados, capaces de generar cierto consenso y enfrentar los excesos fujimoristas, pero sin necesariamente buscar confrontaciones gratuitas (Alberto Borea, Antero Flores, Lourdes Flores, el mismo Pedro Cateriano). Una futura recomposición del gabinete podría expresar esta idea.

Qué pasó, qué viene

Artículo publicado en La República, domingo 17 de diciembre de 2017

- Estamos discutiendo declarar la vacancia del Presidente de la República como consecuencia de un misil lanzado por Odebrecht directo sobre la línea de flotación de su credibilidad como mandatario. Por qué lo hizo es la gran pregunta. Aparentemente esto expresaría la insatisfacción por la implementación del Decreto de Urgencia 003; sin embargo, empoderar al fujimorismo, quien precisamente boicoteaba esa implementación, resulta contradictorio. ¿Es consecuencia de un nuevo pacto por la impunidad de empresas corruptas? Mucha atención a esto. ¿Vamos a dejar que los intereses de Odebrecht marquen la dinámica del país?

- El presidente está a punto de ser vacado por sus persistentes, por decir lo menos, ambigüedades y débiles explicaciones dadas respecto a sus relaciones con Odebrecht, que han generado la convicción de que tiene demasiado que ocultar. En el peor caso estamos ante delitos graves, en el mejor ante un pésimo manejo de patentes conflictos de interés. De allí el total aislamiento de la bancada oficialista en el Congreso. Tiene en los próximos días la oportunidad (¿hoy domingo? El mismo jueves parecería demasiado tarde) de dar ¡por fin! explicaciones cabales. De su capacidad de crear la noción de darle el “beneficio de la duda” depende su única esperanza de sobrevivir a la próxima semana.

- Si el presidente cae, asume la jefatura de Estado el vicepresidente Vizcarra. Por la estabilidad del país es un escenario mejor que el del adelanto de elecciones. ¿Podrá gobernar Vizcarra? Difícil, no imposible. Recordemos que si caen los dos vicepresidentes tenemos el adelanto de las elecciones generales, y me parece que a los congresistas actuales, naturalmente, no les entusiasma la idea. Keiko Fujimori podría pensar que un adelanto de elecciones bajo un gobierno provisional encabezado por el presidente del Congreso Galarreta sería beneficioso, pero no necesariamente su bancada. Otro mecanismo con el que podría contar Vizcarra para incentivar la cooperación es el de la cuestión de confianza. Por supuesto, Vizcarra deberá gobernar con un esquema de coalición muy amplio y consensual, recogiendo su experiencia de gobernador, dando oportunidad a liderazgos regionales, pero no por ello menos firme.

- Vizcarra tendría el reto de, a pesar de encabezar eventualmente un gobierno extremadamente débil, sin ninguna base de sostenimiento propia (ni la propia bancada PPK), sostenido solo porque para sus adversarios es peor dejarlo caer, asegurar un mínimo de gobernabilidad democrática. Esto en lo inmediato significa enfrentar al tractor a toda máquina y sin conductor que parece el fujimorismo en los últimos tiempos. Implica evitar la destitución del Fiscal de la Nación, el descabezamiento del Tribunal Constitucional, la obstrucción a la acción de la justicia en los casos que los involucran. Atención que Víctor Andrés Ponce, con su habitual elocuencia, sugiere al fujimorismo no cometer el error de propiciar un adelanto de elecciones, porque lo que debería ocuparlos es “ejercer su mayoría para desmontar el establishment izquierdista”, que “ha llegado a controlar y mangonear (…) el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación”. Es decir, aplanar el camino hacia el 2021.

- Si el gobierno transitorio de Paniagua tuvo como gran misión desarmar el andamiaje heredado del autoritarismo fujimorista, la de Vizcarra sería defender y fortalecer la autonomía, profesionalización y eficiencia del sistema de administración de justicia, para que de toda esta nefasta experiencia quede una limpieza a fondo. La única forma de que algo bueno salga de todo esta desgracia.

Sobre la Fiscalía y el Poder Judicial

Artículo publicado en La República, domingo 10 de diciembre de 2017

¿Cómo entender la conducta de Fiscales y Jueces en casos de gran importancia política? De un lado, sería ingenuo pensar que sus decisiones siguen una lógica de “estricto apego al derecho”. Ciertamente las presiones de la opinión pública y de los actores políticos cuentan, e incluso la propia lógica jurídica está sujeta a diferentes interpretaciones y mediada por marcos ideológicos. Del otro lado, parece exagerado asumir que estas decisiones se explican por la manipulación de actores políticos. Se asume indistintamente que el poder ejecutivo, el APRA, el fujimorismo o la izquierda tienen poderosas influencias para dirigir a fiscales y jueces. Como puede verse, la diversidad de estos pretendidos hilos sugiere lo poco productiva que es esa tesis.

¿Cómo entender entonces el asunto? Para empezar, tenemos la historia de una extrema precariedad institucional. En tanto ser fiscal o juez implicaba un salario muy bajo y muy poco reconocimiento social, los mejores estudiantes o profesionales del derecho evitaban seguir esas carreras. Esto hizo que en promedio primara en ámbitos judiciales una concepción del derecho muy conservadora, pegada a la literalidad de las normas y reglamentos, y que quedara en segundo plano visiones más integrales que privilegiaran el acceso a la justicia. Los bajos salarios y la precariedad institucional hicieron también a estas instancias muy vulnerables a la corrupción. Además, estos ámbitos fueron ocupados en gran medida por egresados de universidades privadas más populares o públicas en las que grupos como el APRA, el fujimorismo o la izquierda mantienen cierta influencia, de allí la imagen de su “control”. Otras universidades privadas más elitistas, de mayor reputación académica, influyen a través de cursos y seminarios de capacitación. Pero influencia no es sinónimo de control, en todo caso se puede registrar una pluralidad de influencias.

En los últimos años las cosas han cambiado. Los presupuestos y remuneraciones han aumentado de manera importante; las instituciones se han profesionalizado, los procesos se han modernizado; a través de convenios y contactos internacionales fiscales y jueces tienen más claro el estándar al que deben aspirar, aunque por supuesto hay muchísimo más por hacer. Al parecer las mejoras se han dado más en el Poder Judicial que en el Ministerio Público, precisamente cuando la implementación del nuevo Código Procesal Penal requiere tener una fiscalía mucho más profesional, eficiente y ágil. Además, los delitos se han sofisticado mucho en los últimos años, con complejas operaciones financieras y tecnológicas que comprenden varios países.

En este marco, la fiscalía (y el PJ) enfrenta la herencia de una debilidad institucional que no logra superar del todo (a veces quieren pero no pueden); se ve obligada a responder ante fuertes presiones políticas y de la opinión pública (deben combinar agendas propias con agendas que les vienen de afuera para las que no están suficientemente preparados); y además debe actual allí donde puede construir casos suficientemente sólidos, y esto depende no solamente de sus capacidades, también de con cuánta información cuenta. Y esta suele provenir de otros países, como Brasil, o de delaciones o confesiones que tienen sesgos muy particulares, o de cuán desprolijas sean las redes corruptas para encubrir sus operaciones. En otras palabras, caen sobre quien pueden, no necesariamente sobre quien deberían. Todo esto genera la imagen de la existencia de “intereses oscuros” detrás de las decisiones, cuando en realidad ellas son fruto de múltiples vectores.

Caminos de corrupción

Artículo publicado en La República, domingo 3 de diciembre de 2017

Ante las recientes revelaciones, básicamente provenientes de Brasil, referidas a la participación de políticos y empresarios en sofisticados esquemas de corrupción, algunos comentaristas han esgrimido el argumento de que no todos los casos son iguales, que no es justo generalizar o equiparar situaciones.

Por supuesto, todos los casos son muy diferentes, y resulta útil distinguirlos. Existen por ejemplo los corruptos oportunistas de poca monta: actores diversos que “aprovechan” oportunidades que se presentan, que suelen actuar con bastante desprolijidad. Pero están también los corruptos más sofisticados, actores que tienen relaciones más estables con el Estado. Para que estos esquemas funcionen se requiere discreción, cierta disciplina, cumplir con ciertos procedimientos. Por ejemplo, el llamado “club de la construcción”. Los primeros manejan montos menores, pero son muchos más, están más expuestos y tienen un gran efecto negativo sobre la moral pública; los segundos roban muchísimo más, pero están más cubiertos ante el gran público.

Entre los políticos, más específicamente, están quienes participan en esquemas de corrupción por pura vanidad y ambición personal: son los que luego compran yates y su consumo suntuario los delata. Otros entienden la política como una extensión de sus negocios, más ahora que ante la crisis de los políticos profesionales muchos empresarios, en muy diversos rubros, participan directamente en la política.

Pero están también los políticos más ideológicos, que todavía los hay, que entran a la política principalmente para defender ciertas ideas y causas, pero que derrapan hacia esquemas de corrupción. Algunos terminan usando la ideología como disfraz para el enriquecimiento personal; en el mundo de la derecha se resbala siguiendo la pendiente de la promoción de la economía de mercado, hacia negocios específicos. Desde la izquierda se cae como consecuencia de una retorcida noción de justicia redistributiva (si la derecha lo hace, ¿por qué no lo puede hacer la izquierda? Si ellos disfrutan del poder, ¿por qué no nosotros?). Acaso el ejemplo emblemático latinoamericano de esto es la famosa “piñata” al fin del gobierno sandinista en Nicaragua. Hay otras formas de corrupción más “principistas”, si cabe el término: asegurar recursos para la sobrevivencia política. El dinero robado al Estado no va necesariamente al patrimonio de los líderes (que pueden argüir que son austeros y modestos), sino a un fondo para financiar campañas o actividades partidarias. Acaso el caso emblemático de esto sea el de Agustín Mantilla recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos.

Entre los corruptos hay muchas formas de minimizar el daño de la misma y vivir con la conciencia tranquila: en ocasiones la justificación es ideológica (“no es para mí, es para el partido”); en otras práctica (“el soborno lo paga un privado, no el Estado”; o “me cae algo pero proveo un buen servicio”); en otras naif (“si todos lo hacen, ¿cuál es el problema?”; o “lo mío no es nada comparado con otros”). Así, si bien es cierto que no todas las formas de corrupción son iguales, la realidad es que se puede hacer daño al país de múltiples maneras.

Visto el asunto más globalmente, tomamos conciencia de que el auge económico con instituciones débiles y sin actores mínimamente constituídos de los últimos años dejó un saldo de descomposición moral que afectó al conjunto de la elite del país. Afortunadamente, a diferencia de otros periodos de la historia, no nos dejó además arruinados económicamente. Y hay una ola de indignación ciudadana que no debemos desaprovechar.

¿Y el fujimorismo? (2)

Artículo publicado en La República, domingo 26 de noviembre de 2017

Sigo con algunas reflexiones iniciadas la semana pasada. ¿Cómo entender la lógica del fujimorismo? Señalaba que no me parecía convincente la tesis de la implementación de un plan que implicaba someter a todos los poderes del Estado para al final lograr la vacancia presidencial y el adelanto de elecciones. Esto implica la existencia de un actor muy coherente, dotado de un propósito claro, actuando con una racionalidad estratégica. Dadas las conocidas debilidades en la organización y conducción de Fuerza Popular, me parece que su actuación se entiende mejor asumiendo que siguen lógicas reactivas, defensivas, de corto plazo. Así, ante acusaciones, investigaciones fiscales, cuestionamientos, responden con rudeza, haciendo manifestaciones de fuerza, buscando amedrentar a sus adversarios.

Ahora bien, esto no quiere decir en absoluto que este patrón de comportamiento sea menos nocivo para nuestra precaria democracia que uno racional - estratégico. Es más, diría que el primero es más peligroso y nocivo que el segundo. Porque un actor racional, en la posición del fujimorismo, entendería que acusar constitucionalmente al Fiscal de la Nación sin ningún fundamento legal es totalmente contrario a sus propios intereses: los presenta como prepotentes y arbitrarios, refuerza la imagen de que no son democráticos, genera la percepción de que temen el avance de las investigaciones en la Fiscalía que los comprometen, cohesionan a sus adversarios (considerar la respuesta de la Junta de Fiscales Supremos y la reacción del conjunto Ministerio Público), y todo esto por una iniciativa en la que además les resultará muy complicado conseguir los votos necesarios. Digamos que si Aníbal Quiroga, Juan Paredes Castro, César Nakasaki, Aldo Mariátegui y Pablo Bustamante, por mencionar algunos nombres, ninguno de ellos sospechoso de “caviarismo”, te dicen que es un grave error acusar al Fiscal de la Nación, pues hace rato debieron haberse dado cuenta de ello.

Carlos Meléndez en El Comercio ayer caracteriza al fujimorismo más como antiestablishment que como autoritario. Puede ser, pero habría que recordar que ese perfil lo manejó Alberto Fujimori entre 1990 y 1992 y Keiko desde la segunda vuelta electoral del año pasado, pero en el medio el fujimorismo fue más bien un garante del establishment político y de la continuidad del modelo neoliberal. Hoy no solo choca frontalmente con las instituciones democráticas, también contra la estabilidad del modelo económico, mediante diversas iniciativas, cuando en algún momento encarnaron la esperanza de ser un gran partido de derecha popular. Su renovado populismo les puede favorecer en el corto plazo, pero los desprestigia como opción frente al 2021.

Podría ser útil releer en estos momentos el célebre libro del historiador Carlo Cipolla, Las leyes fundamentales de la estupidez humana (1976), especialmente en la parte en la que decía que el estúpido es más peligroso que el malvado, en tanto suele causar considerable daño sin obtener beneficios, o peor aún, incluso perjudicándose a sí mismo.

Urge entonces respaldar el trabajo de la Fiscalía, a pesar de las múltiples críticas que podamos tener con su trabajo. Porque ella no va a mejorar descabezándola y amedrentando a los Fiscales desde el poder político, sino fortaleciento su autonomía e independencia, permitiendo la continuidad en sus esfuerzos, también ejerciendo la crítica ante limitaciones. El que tengamos bajo investigación a prácticamente el conjunto de nuestra elite gobiernante de los últimos años hace que haya múltiples intereses en debilitar su actuación.

¿Y el fujimorismo?

Artículo publicado en La República, domingo 19 de noviembre de 2017

En las últimas semanas y días, pasada la euforia mundialista, vuelve a la palestra la discusión sobre la conducta política del fujimorismo. ¿Estamos ante la implementación de un plan que tiene como propósito hacerse de un control total de las instituciones del Estado y terminar con la destitución del Presidente de la República? Ciertamente hay elementos para construir ese argumento. Ya tienen el control del parlamento, y desde allí pueden destituir al Fiscal de la Nación y amedrentar a los fiscales que investigan casos de financiamiento ilegal de campañas electorales, que pueden afectar a Fuerza Popular. Pueden también conseguir los votos para destituir a miembros “incómodos” del Tribunal Constitucional y así establecer una suerte de “autoritarismo parlamentario”. Pueden presionar, desde comisiones investigadoras, al propio Presidente de la República y contribuir a debilitar su imagen y crear las condiciones que faciliten el escenario de una declaratoria de vacancia. Además amenazan con denuncias penales a medios de comunicación, que buscarían silenciar voces discrepantes. La editorial de este diario, el domingo pasado, llamó a “defender la democracia” y “parar este golpe de Estado en proceso”. De otro lado, la editorial de Semana Económica de esta semana señala que “todo esto ha hecho especular nuevamente sobre un supuesto plan fujimorista para tumbar la democracia. Pero estas reacciones resultan tan torpes que más bien sugieren la desorientación de un liderazgo inmaduro que aún no resuelve cómo utilizar el enorme poder que se le ha confiado”.

Me inclino más por la segunda interpretación, sin descartar que más adelante, según cambien las circunstancias, las estrategias de los actores puedan cambiar. Es una lectura más coherente con la evidencia previa disponible. Hace pocas semanas, cuando Kenji Fujimori aparecía como un liderazgo capaz de generar fisuras importantes en Fuerza Popular, el diagnóstico compartido era que este grupo estaba dividido, fragmentado, carente de conducción. ¿Ahora súbitamente estamos ante un grupo capaz de diseñar e implementar complejas estrategias en múltiples frentes? Creo que uno entiende mejor la política peruana si parte del supuesto de que los actores actúan muy reactivamente basados en consideraciones muy de corto plazo, y esto parece especialmente válido en el caso del fujimorismo. Se les han presentado por diversas razones y flancos oportunidades, que han coincidido en el tiempo, para hacer demostraciones de fuerza; que buscan ciertamente amedrentar a fuerzas que consideran manejadas por adversarios. ¿Qué es lo que buscan? El poder, por supuesto, ganar gobiernos regionales el próximo año y el gobierno nacional en 2021; y perciben que quienes pueden impedir el triunfo de Keiko en una tercera postulación (que puede ser la última) son algunos medios de comunicación, y una ofensiva fiscal y judicial que buscaría llevarlos con la marea de lava jato. Sienten que es un atropello, porque esa marea debería arrastrar a quienes fueron gobierno en los últimos años, no a ellos, que más bien habrían padecido del acoso de un establishment político, judicial y mediático que supuestamente habría tenido la hegemonía después del año 2000, que desde esa trinchera llaman despectivamente “caviar”. No digo que tengan razón en esa lectura: sí me parece que parecen muy convencidos de que es cierta.

La pregunta es hasta qué punto pueden ser concientes de los problemas en los que hacen incurrir al país por sus lecturas sesgadas de la realidad, y de los costos en los que incurren en función de sus propios intereses.

Justicia y política

Artículo publicado en La República, domingo 12 de noviembre de 2017

Vivimos un muy complicado panorama político como consecuencia de los escándalos asociados al caso lava jato y otros, que tienen como fondo el financiamiento de la actividad política. Buena parte de nuestra elite política está bajo fundadas sospechas de haber recibido dinero para solventar gastos de campaña y otros a cambio de favores gubernamentales. Esclarecer responsabilidades, culpabilidades, exige un manejo muy fino, complicado por varias razones: la opinión pública exige acusaciones y sanciones de manera indiscriminada, los políticos pretenden impunidad propia o sacar provecho de las desgracias ajenas, los fiscales se debaten entre atender las presiones cruzadas de la opinión pública y de los políticos, y la necesidad de hacer bien su trabajo en condiciones adversas, para que pueda haber juicios con casos sólidos, y que luego no terminen en el Poder Judicial en absoluciones, penas mínimas o en condenas que pagan los “eslabones débiles” en la cadena de la corrupción, y no los “peces gordos”.

Vistas las cosas muy en general, obviamente quienes tuvieron responsabilidades de gobierno en los últimos años están bajo sospecha. Sobre funcionarios del gobierno de Alejandro Toledo y sobre él mismo penden acusaciones muy graves, con un esquema más o menos claro: dinero de campaña y sobornos a cambio de ventajas vinculadas a la construcción de la carretera interoceánica. Pero el proceso de extradición no es sencillo y vale la pena tomarse el tiempo necesario para hacer las cosas bien. Durante el gobierno de García tenemos ya funcionarios procesados relacionados con la concesión de la línea 2 del metro de Lima, y está pendiente saber si se encuentran responsabilidades a un nivel más alto. También están involucrados los gobiernos regionales y locales, notoriamente la Municipalidad de Lima, durante las gestiones de Luis Castañeda y Susana Villarán. Durante el gobierno de Humala, el caso más sólido parece estar relacionado con la concesión del Gasoducto del Sur; el problema está en que el expresidente y su esposa están en prisión no por ese caso, sino por haber participado en una supuesta operación de lavado de activos, al haber recibido dinero no declarado para sus campañas electorales de 2006 y 2011.

Mi impresión es que la detención del expresidente y de su esposa es un exceso, no solo porque no es claro que haya peligro de fuga o de obstrucción a la acción de la justicia, sino porque el solo hecho de recibir dinero y no declararlo, pese a estar prohibido, no implica un delito penal ni tiene mayores consecuencias. Es más, en esta semana el Congreso podría haber cambiado la legislación existente para castigar esa mala práctica con sanciones drásticas, pero no lo hizo. Siguiendo con esta línea de razonamiento, no conduciría necesariamente a la comisión de un delito el que Keiko Fujimori hubiera recibido dinero de Odebrecht en su campaña electoral de 2011.

¿Cómo explicar entonces la destemplada respuesta de K. Fujimori frente a las recientes declaraciones de Odebrecht ante los fiscales peruanos? Atención que el problema no creo que sea Odebrecht: lo que preocupa a los fujimoristas es la acusación de lavado de activos que involucra a Joaquín Ramírez, ex Secretario General de Fuerza Popular. Es para defenderse de esa acusación que el fujimorismo pecha al Fiscal de la Nación, al Presidente de la República, al Tribunal Constitucional, al diario El Comercio, y por extensión, a toda la prensa. Acaso quien debería preocuparse más por lo que viene de Brasil es “AG”, quien sí tuvo responsabilidades de gobierno. Debemos respaldar la acción de la Fiscalía.

viernes, 10 de noviembre de 2017

Sistema político subnacional

Artículo publicado en La República, domingo 5 de noviembre de 2017

En el debate sobre la reforma política y electoral, el Congreso decidió abandonar el camino de una reforma integral y optar por privilegiar en el corto plazo lo urgente, referido a las próximas elecciones regionales y municipales. En esa dirección, se aprobaron cambios en el cronograma electoral que apuntan a establecer plazos más razonables y evitar el cambio en las reglas de competencia una vez iniciada ésta (lo que está muy bien en general); también la prohibición para competir por parte de sentenciados por delitos graves (resultaba imprescindible). Hay dictámenes aprobados por la Comisión de Constitución que todavía no llegan a ser debatidos en el pleno del Congreso, como la iniciativa que busca hacer más transparente el financiamiento de las campañas electorales, acaso el tema más importante del paquete de iniciativas en debate. Como ya se ha mencionado aquí, hay aspectos positivos, como la prohibición de aportes anónimos y la obligación de bancarizarlos, pero el problema es que no hay sanciones efectivas al incumplimiento: la sanción debería ser política, y en última instancia debería llevar a la pérdida de registro de los partidos infractores.

Además, el Congreso acaba de aprobar la eliminación de las organizaciones políticas locales (provinciales y distritales) para las próximas elecciones, salvo las que hayan iniciado ya su proceso de inscripción. Puede ser razonable a mediano plazo, dado que estas organizaciones existen solamente para una elección y luego pierden su registro y dan pie a una excesiva fragmentación, pero no es evidente la urgencia de una medida como ésta, considerando que ya de manera “natural” estas organizaciones están siendo desplazadas por los movimientos regionales (en las elecciones de 2002, las organizaciones locales eligieron 54 alcaldes provinciales, pero en las de 2010 y 2014 apenas 6 y 5, respectivamente, mientras que los movimientos regionales pasaron de elegir 30 en 2002 a 141 en 2014; los partidos nacionales pasaron de 110 en 2001 a 47 en 2014, como referencia). Está también el dictamen que eleva la valla requerida para ser elegido gobernador en primera vuelta, del 30 al 40% de los votos; se trata de una medida inútil, porque no ayudará a dar más legitimidad a las autoridades, y más bien estimulará la fragmentación que se quiere supuestamente reducir. Al ser más exigente el requisito para ganar en primera vuelta se estimula la pelea por el segundo lugar, meta más accesible para los actores secundarios.

Si la preocupación es la legitimidad de las autoridades regionales, deberíamos pensar en cómo funcionan los gobiernos regionales, en particular la relación entre el Gobernador y el Consejo Regional. La experiencia sugiere que en las malas gestiones regionales los Gobernadores suelen actuar con extrema discrecionalidad y arbitrariedad, lo que termina dando lugar a malas administraciones, cuando no a extrema corrupción. Los consejos no funcionan como espacios de fiscalización y control; y así como no existen los partidos nacionales, tampoco los movimientos regionales son representativos, los consejos se eligen sobre la base de las provincias, con lo que los que llegan al consejo básicamente se representan a sí mismos, antes que a colectividades. Para los gobernadores torcidos resulta sencillo cooptar a los consejeros mediante prebendas destinadas a las provincias que representan los consejeros. Si se quisiera hacer algo para mejorar la legitimidad de los gobiernos regionales, se debería pensar en iniciativas que fortalezcan la transparencia y el control de las decisiones de las autoridades.

¿Qué hacer en Venezuela?

Artículo publicado en La República, domingo 29 de octubre

En un contexto autoritario, ¿cómo debe obrar la oposición? Hasta hace muy poco, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) parecía el ejemplo del que las oposiciones de otras partes del mundo debían aprender. Hasta hace poco, la evaluación era que la apelación al golpe de Estado por parte de la oposición en 2002 y la estrategia de confrontación y boicot hasta 2005 facilitaron la continuidad de Chávez en el poder. La oposición no participó en las elecciones parlamentarias de 2005, con lo que el chavismo logró el control total. La MUD se formó en 2009, y en las elecciones parlamentarias de 2010 obtuvo más del 47% de los votos, quitándolo al chavismo la mayoría calificada de dos tercios de la Asamblea; en las elecciones regionales de 2012 y en las municipales de 2013 obtuvo más del 44% y del 42% de los votos nacionales, respectivamente, ganando la alcaldía de Caracas; en la elección presidencial de 2013, Henrique Capriles obtuvo más del 44% de los votos. Y en las elecciones parlamentarias de 2015, la MUD obtuvo más del 56%, lo que le permitió ganar dos tercios de la Asamblea Nacional.

Estos avances permitieron desnudar el autoritarismo del régimen, y deslegitimarlo interna y externamente. Ante los avances de la oposición en el nivel municipal y regional, la respuesta fue quitar competencias y recursos a las autoridades electas, y establecer entidades y autoridades designada paralelas. Después de perder el control del parlamento en 2015, y la hegemonía electoral, el presidente Maduro entró a una etapa abiertamente autoritaria, cerrando los mecanismos de competencia: bloqueó la realización de un referéndum revocatorio, suspendió la convocatoria a elecciones regionales, y desconoció la autoridad de la Asamblea Nacional. Convocó para ello la elección de una Asamblea Constituyente con mecanismos amañados que le permitieron al Gran Polo Patriótico obtener el 100% de la representación.

El asunto es que después de estas arbitrariedades, y en medio de un colapso económico, la oposición pasó a una etapa de movilización y confrontación entre abril y julio, con la esperanza de propiciar el derrumbe del régimen. La combinación de la pérdida de legitimidad electoral, el colapso económico, sus evidentes arbitrariedades, su aislamiento internacional, hacían versímil ese escenario. El problema es que no ocurrió. Maduro ha consolidado, aparentemente, el control interno del régimen, y a pesar de algunos indicios de fisura, pudo capear el temporal, a un alto costo. En este marco convocó a las postergadas elecciones regionales, para el pasado 15 de octubre. La oposición dudó en participar o no, con lo que la unidad se resquebrajó; con todo, se confiaba en lograr un triunfo importante. Al final, la MUD obtuvo dos millones de votos menos que los obtenidos en diciembre de 2015, y ganó apenas cinco de las 23 gobernaciones en disputa. Hay todo tipo de explicaciones para este resultado, desde un abierto fraude (poco creíble), una competencia electoral abiertamente manipulada a favor del régimen (totalmente cierto), donde resulta clave el uso clientelístico masivo de un sistema de reparto de alimentos casa por casa, fundamental en medio de la crisis económica. A esto hay que sumar el hecho de la oposición perdió credibilidad como alternativa viable, al identificarse en el último tiempo solamente con la movilización y la protesta.

Maduro parece evaluar que ha recuperado competitividad electoral, con lo que planea convocar a elecciones municipales para finales de año, y está la próxima elección presidencial de finales de 2018. ¿Qué camino seguirá la oposición?

¿Qué queda del giro a la izquierda?

Artículo publicado en La República, domingo 22 de octubre de 2017 

Con el final del “boom” de los precios altos de nuestros productos de exportación primarios, parece llegar también el final del “giro a la izquierda” que atravesó la región. La crisis económica del cambio de siglo desprestigió al sentido común neoliberal e incentivó la búsqueda de opciones de cambio; allí donde las fuerzas de izquierda llegaron al gobierno, tomaron ventaja del boom para implementar políticas redistributivas que les dieron amplia popularidad. A estas alturas, el gobierno de Nicolás Maduro tiene cada vez menos defensores, y se impone el consenso de que se trata de un gobierno descalabrado y abiertamente autoritario. En Ecuador Rafael Correa aceptó la legalidad institucional, el principio de alternancia en el poder y dejó el gobierno después de más de diez años; su sucesor fue Lenin Moreno, el vicepresidente de su primer mandato, con lo que parecía que el correísmo se mantendría en el poder. Sin embargo, Moreno está dando muestras saludables de distanciarse de una pesada herencia económica y política, y Correa habla abiertamente de “traición”.

En Bolivia la todavía hegemónica presencia de Evo Morales y la relativa estabilidad del país parecerían un bastión izquierdista, pero Morales perdió en febrero del año pasado el referéndum que pretendía cambiar la Constitución para permitir la reelección indefinida (51.3% contra 48.7%). El problema es que ahora el gobierno implementa diversas maniobras para pasar encima del referéndum y violar la propia normatividad creada bajo su hegemonía. Esto podría llevar a Bolivia por una deriva abiertamente autoritaria, como en Venezuela. En cuanto a los otros países que fueron también parte del “giro”, encontramos en Chile no solo la posibilidad del triunfo de la derecha con la vuelta de Sebastián Piñera en las elecciones de noviembre, sino también la ruptura de la Concertación de Partidos que protagonizó la hegemonía de centro izquierda de las últimas décadas. En Brasil el giro a la derecha del presidente Temer parecía extremadamente precario y reversible, sin embargo el rebote económico, el “desinfle” de algunas acusaciones de corrupción y su habilidad para construir una nueva mayoría en el Congreso parecen consolidarlo, a pesar de su muy baja popularidad. Y en Argentina hoy domingo se realizan las elecciones legislativas de medio término, que confirmarían el bien momento del gobierno de Macri.

¿Significa esto que la resaca se llevará del todo lo que dejó la “ola” del giro a la izquierda? No parece tan claro. Me parece que los resultados de las recientes elecciones estaduales en Venezuela, con todo lo amañadas que hayan podido ser, muestran que el chavismo sigue siendo, a pesar de su catástrofe, una fuerza electoral significativa. Morales sigue siendo una figura popular, y claramente mantiene bastiones políticos en la Bolivia rural y altiplánica. Correa sigue siendo un referente central en la política ecuatoriana. En Argentina, las elecciones primarias de agosto pasado muestran a un peronismo todavía en condiciones de dar la pelea; en Brasil, Lula, a pesar de todas las acusaciones en su contra, sigue apareciendo como un candidato electoralmente viable. Mi conclusión es que en el futuro cercano, la clave para nuestros países es encontrar alguna fórmula de convivencia entre los movimientos que dejó la ola izquierdista y los nuevos actores políticos, y evitar caer en una lógica de pura “reinstauración” del pasado. Para ello se requieren pasos desde ambas orillas. Difícil por los altos niveles de polarización, pero imprescindible para la estabilidad y desarrollo de nuestros países.

¿Solo sobrevivir?

Artículo publicado en La República, domingo 15 de octubre de 2017 


El Consejo de Ministros presidido por Mercedes Araóz obtuvo la confianza del Congreso respecto a la política general del gobierno, cosa que está muy bien, y que esperemos abra un periodo de cooperación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Hay muchos elementos que apuntan a que las tensiones bajarán en los próximos meses: como señaló Aldo Mariátegui, entre el repechaje con Nueva Zelandia, la visita del Papa, el mundial de fútbol y las elecciones regionales y municipales, la atención no estará tan centrada en el gobierno. Además, una ligera recuperación económica se dará que probablemente repercuta en una mejora del ánimo ciudadano. Si hasta hace poco en parte de la prensa se especulaba (exageradamente) sobre si el presidente Kuczynski podría terminar su mandato, dada su extrema debilidad, ahora los nubarrones parecen haberse disipado.

La flamante presidenta del Consejo de Ministros ha entendido correctamente que en la pura confrontacion el gobierno (y el país) tiene mucho que perder. Y en la conformación del nuevo gabinete limó las aristas excluyendo a los ministros más cuestionados del de Fernando Zavala. Pero solucionado un problema, ahora el que aparece es, ¿cuál es el rumbo político del gobierno? ¿Cuáles sus prioridades, reformas, agenda? ¿Basta con aspirar simplemente a durar? En el discurso de Aráoz se de “revolución social” y de lucha contra la corrupción como “ejes transversales” y de “cuatro ejes funcionales”: igualdad de oportunidades, fortalecimiento productivo, reactivación económica, y seguridad y prevención de riesgo de desastres. Queda claro que se quiere correr bien la ola de la recuperación económica, siguiendo la lógica de desburocratización y del “destrabe” de la inversión pública, y que la reconstrucción del norte y acciones de prevención serán importantes. Pero de la “revolución social” no haber mucho, más allá del énfasis en proyectos de agua y vivienda, donde seguramente la figura de Bruce adquirirá protagonismo; el MIDIS, por el contrario, aparece más bien disminuído. En cuanto a lucha contra la corrupción, por ejemplo, no se aludió a la agenda presentada por la Comisión Presidencial de Integridad. Y en general, más allá de diversas medidas en cada sector, no se perciben grandes metas o agendas ambiciosas.

Los sectores que se ven más dinámicos en lo que va del gobierno son Interior y Relaciones Exteriores, donde ha primado la continuidad y un ímpetu por hacer cosas relevantes. También hay continuidad, por supuesto, en el manejo económico, y seguramente se superarán los baches que se presentaron durante la gestión de Alfredo Thorne. Pero hay muchos temas que son clave, de los que quisiéramos saber más. ¿Qué hay respecto a la reforma del Estado y la implementación de la ley de servicio civil? ¿En qué quedará el Acuerdo Nacional por la Justicia? ¿La profundización de la lógica meritocrática en la reforma educativa y la implementación del nuevo currículo nacional? ¿La reforma del sector Salud? ¿El combate a la pobreza y propuestas de desarrollo para las regiones más postergadas? El asunto es que el actual consejo de ministros, más allá de la propia Aráoz, Luna, Basombrío y Bruce, no parece contar con figuras dispuestas a comprarse pleitos que valgan la pena y liderar iniciativas reformistas. Como en los minutos finales del Perú – Colombia, parece que el gobierno juega a no perder, antes que a ganar. Pero debería aspirar a marcar algunos goles, a diferencia de los minutos adicionales de ese partido de fútbol, llevamos apenas un año y dos meses de gobierno. Falta demasiado para ser tan conservador.

Sobre la reforma política

Artículo publicado en La República, domingo 8 de octubre de 2017

Para el Congreso actual, supuestamente, la reforma política y electoral era una prioridad. Después de las últimas elecciones generales, marcadas por el desorden, exclusiones de candidatos con opción importante de ganar en pleno proceso electoral, la necesidad de una reforma estaba en el centro de la agenda. Más adelante, después de las revelaciones a propósito del caso lava jato y del penoso espectáculo de gobernadores regionales y alcaldes presos o procesados por la comisión de diversos delitos, ya el asunto pasaba de ser importante a ser imprescindible.

Conocemos la historia de la legislatura pasada. Un grupo de trabajo presidido por Patricia Donayre avanzó en la presentación de un anteproyecto de ley electoral integral, pero la comisión de Constitución bajo la presidencia de Miguel Angel Torres no avanzó en su aprobación. En la actual legislatura, la comisión está a cargo de Ursula Letona, quien ha optado por empezar por asuntos urgentes, priorizando la inminencia de las elecciones regionales y municipales. Se corre el riesgo de perder una visión integral y reformas más de fondo, pero al menos podríamos asegurarnos que se avance en algo mínimamente significativo.

Para empezar, se está avanzando en poner algo de orden al proceso electoral, problema agravado por la contrareforma del Congreso anterior. Se busca que las reglas electorales no cambien en pleno proceso y tener un cronograma más ordenado, que por ejemplo no conduzca a tachas y exclusiones en plena competencia. Se está avanzando en regular mejor el financiamiento de las actividades políticas prohibiendo aportes anónimos y buscando mayores niveles de transparencia (bancarización de los aportes); eso está muy bien, el problema es que puede haber formas de “sacarle la vuelta” a la ley mediante actividades proselitistas (los recordados cocteles o polladas). Pero el problema más importante es que las sanciones previstas hasta el momento solo contemplan multas y la eventual pérdida de financimiento público, en un contexto en que los partidos tienen muchas multas sin pagar, en el que los movimientos regionales no reciben este financiamiento, y en el que algunos partidos parecen preferir renunciar a éste en tanto pueden recibir más por fuentes privadas no declaradas. La sanción máxima debería ser la pérdida de registro y la imposibilidad de participar en los procesos electorales. Todo esto se refuerza con la propuesta de que las campañas tengan un responsable que responda ante las autoridades electorales de modo de no comprometer al partido como institución. Al mismo tiempo, no se avanza en el asunto de fondo, que sería el financiamiento público para acceder a los medios masivos de comunicación, principal rubro de los gastos de campaña. Se necesita una franja más importante, que podría llevar incluso a la prohibición de la contratación de publicidad electoral, como en otros países.

De otro lado, se está discutiendo en la Comisión de Constitución asuntos relativos a la democracia interna de los partidos, pero la participación de los organismos electorales queda sujeta a la decisión de mismos, y no se avanza en establecer mecanismos más significativos, como la realización de primarias abiertas. Está pendiente la discusión sobre imponer requisitos más exigentes a los candidatos a elección popular (como excluir a los sentenciados por delitos graves); finalmente, se pretende combatir la fragmentación mediante la exclusión de las organizaciones políticas locales: iniciativa que podría tener sentido, pero quizá no para el 2018, sino para la elección siguiente.

Consensos rotos

Artículo publicado en La República, domingo 1 de octubre de 2017

Vistas las cosas en perspectiva, mirando el conjunto de América Latina en los últimos años, Perú aparece viviendo una situación privilegiada, aunque suene contraintuitivo para quienes estamos imbuídos en las discusiones domésticas. Hace unas semanas, el colega Ignazio de Ferrari defendía esa posición en las páginas de El Comercio, y concuerdo con él. Por supuesto que hay muchas cosas que están muy mal; o mejor dicho, casi cualquier cosa está muy mal, dada la trayectoria histórica de la que venimos, pero no ser concientes de los cambios positivos que han ocurrido, y no identificar dónde están las bases sobre las cuales apoyarse para seguir avanzando es lo que configurará una profecía autocumplida: todo fue y será una porquería, como en el tango.

En perspectiva, el principal obstáculo que parece estar enfrentando el Perú para seguir avanzando es el “ruido político”, una suerte de conflictividad vacía, una acritud intensa, pero superficial. Es decir, no nos peleamos por definir grandes modelos de sociedad, grandes alternativas de política, la implementación de ambiciosas reformas, sino por cuestiones muy de segundo orden. Como decían algunos fujimoristas ante el pedido de confianza del Presidente del Consejo de Ministros, “no cuestionamos la política educativa general, cuestionamos el manejo de la huelga por parte de la ministra”. El origen de esta situación, me parece, está en el hecho de que el fujimorismo funcionó en los últimos dos gobiernos como una suerte de garante de la estabilidad del modelo económico frente a la amenaza de “involuciones populistas”, y hoy es la oposición a un gobierno que se está convirtiendo en la expresión más orgánica de un gobierno de derecha de orientación pro empresarial de las últimas décadas. Así, la dinámica de conflicto entre gobierno y oposición es intensa, pero artificiosa: un gobierno de Keiko Fujimori podría perfectamente haber contado con la mayoría de los actuales ministros, incluído el presidente, y la bancada mayoritaria dedicaría sus mejores esfuerzos a blindarlos de las críticas.

El frente de defensores del modelo económico se veía unido durante los años de Toledo; luego tuvo gran cohesión bajo la batuta de García, acicateada por la amenaza del humalismo; y empezó a resquebrajarse con Humala. Este era un defensor muy culposo y a última hora del modelo, y empezaron a aparecer discrepancias sobre cómo enfrentar el final del boom de precios altos de nuestros minerales. Kuczynski era supuestamente el personaje político que más confianza podría despertar en el campo de la derecha, pero aparecieron dos problemas: de un lado, una diferencia, que parece sutil pero no lo es tanto, entre un manejo más “empresarial” del Estado frente a uno puramente tecnocrático. Los principios de la Nueva Gestión Pública los emparentan, pero hay diferencias entre ambos. Y del otro lado, lo ya señalado: ahora el fujimorismo (y el APRA) son oposición, apuestan a capitalizar el desgaste del gobierno, por lo que son hipercríticos respecto a las formas y estilos, cuando en realidad coinciden con las políticas de fondo. A esto se suma entusiastamente la izquierda, con su crítica al gobierno de los “lobbies”.

El Gobierno del presidente Kuczynski es ciertamente débil y comete numerosos errores; es muy fácil ubicarlos, señalarlos, y regodearse en los mismos. Y uno puede discrepar con algunas o muchas de sus orientaciones de política. Pero deberíamos tener un debate más sustantivo sobre reformas urgentes y de fondo, y marcar posiciones en torno a ellas, no sobre las superficialidades que concentran la atención de los medios.

Tecnócratas o políticos

Artículo publicado en La República, domingo 24 de septiembre de 2017

Del Consejo de Ministros presidido por Fernando Zavala se comentaba que era “excesivamente tecnocrático” y que era necesario uno “más político”. Parece haber consenso en que el presidido por Mercedes Aráoz es un avance en esa dirección. Aráoz tendría más experiencia y relaciones políticas más amplias que Zavala; Bruce claramente priorizará un manejo más político e intentará reflotar la popularidad gubernamental, como hizo cuando fue ministro de Toledo; el MEF puede seguir con un manejo técnico a cargo de Cooper, pero seguramente Aráoz, economista y ex ministra de economía, se asegurará de desarrollar la “sensibilidad política” en el manejo del MEF. Los cambios de Vexler por Martens en Educación, Mendoza por Pérez en Justicia y el D’Alessio por García en Salud responden a una lógica de evitarse problemas con ministros cuestionados (en la cola de procesos de interpelación y censura), conseguir respaldo en sectores más amplios (APP y el APRA, particulamente) y de reducir las tensiones con sectores adversos a algunas de las iniciativas impulsadas u objetadas por las ministras salientes. El resultado es una tregua momentánea de la oposición (que había anunciado que debían cambiarse a todos los ministros), un respaldo expectante en general, la desactivación de un escenario explosivo en el que se habló de los riesgos de una eventual vacancia presidencial o de un cierre del Congreso después de forzar una segunda censura del Consejo de Ministros. Como que todos entendieron que una guerra abierta destruiría a todos; el contrapeso entre poderes del Estado esbozado por la Constitución parecería haber funcionado en última instancia.

Hemos ganado en estabilidad, ciertamente, en el corto plazo, con este gabinete “más político”. El anterior, más técnico, se había abierto demasiados frentes, propuesto demasiadas cosas, pisado demasiados callos, irritado a adversarios poderosos (en Educación en particular), lo que había dejado al descubierto las falencias y contradicciones del gobierno, los límites de sus capacidades, sus escasas habilidades de comunicación, persuasión, trabajo de base, ausencia de cuadros, etc., etc. No es que fuera un tractor reformista, ciertamente, pero al menos algunas intenciones claras podían distinguirse. El actual deja la sensación de que se opta por seguir una lógica más bien de administración, y de manejar el conflicto con la estrategia de sacar el pie del acelerador. Como que todos los huevos de la canasta de la legitimidad gubernamental se ponen en la recuperación económica evitando el ruido político congresal y en lo que pueda hacer Bruce desde la reconstrucción y el sector vivienda.

Un manejo más político y menos tecnocrático implica por cierto saber elegir mejor las batallas que se quieren librar, y evitar las que se intuyen perdidas de antemano. Cuestionar el “deber ser” en nombre del realismo, por así decirlo. Otra manera, mejor, de pensarlo, es que lo político consiste en buscar crear las condiciones que hagan posible acercarse al deber ser. La política al servicio de las reformas, liderando las iniciativas de los técnicos. Es comprensible que un gobierno debilitado busque un respiro; pero, utilizando una metáfora futbolística, una cosa es rotar la pelota porque se busca desordenar al rival y encontrar una mejor oportunidad para volver a atacar, y otra rotar porque se renuncia al ataque y solo se quiere ganar tiempo. Todavía falta mucho por jugar para optar por un enfoque tan conservador: llevamos apenas un año y dos meses de gobierno. Regalar la iniciativa política llevará a perder el partido del quinquenio de PPK.

viernes, 22 de septiembre de 2017

¿Qué pasó esta semana?

Artículo publicado en La República, domingo 17 de septiembre de 2017

Nadie se imaginó que el dialogante Presidente del Consejo de Ministros saliente, Fernando Zavala, tuviera la iniciativa de pedir un voto de confianza a raíz del anuncio de la presentación de una moción de censura en contra de la Ministra de Educación, desafiando a la mayoría fujimorista. ¿Por qué el cambio?

Del lado del gobierno, me parece que estamos ante una clara ilustración del principio de hacer de la necesidad virtud. Zavala estaba muy desgastado, y parecía imposible evitar la censura de Martens. Otras interpelaciones asomaban en el horizonte sin capacidad política de enfrentarlas. La popularidad del presidente y del gobierno en general estaban a la baja, y prácticamente se han quedado prácticamente sin bancada oficialista. La idea de la renovación en el gabinete estaba firmemente establecida en la agenda. La simple renovación era un camino, pero la prepotencia mostrada por el fujimorismo en la interpelación a Martens habría persuadido a los más “dialogantes” de que dejarla caer sin más implicaba someterse ya en exceso a los humores y los cálculos de la oposición.

Del lado del fujimorismo, la estrategia de aparecer como una oposición inflexible ante un gobierno impopular parecía una buena idea. Si bien en las encuestas la aprobación al Congreso cae junto a la del presidente, también la aprobación al desempeño de Keiko Fujimori se mantiene estable. Los altos niveles de desaprobación a la gestión de Martens sugerían que podrían capitalizar políticamente una censura, así que la hostilidad en la interpelación fue patente. Nuevamente del lado del gobierno, la opción seguida hasta ese momento, la del apaciguamiento, parecía incapaz de cambiar la esencia de la relación con la mayoría congresal. En este marco, el pedido de confianza resultó una salida inesperada: si igual varios ministros iban a salir, más temprano que tarde, incluyendo al propio Zavala, por qué no hacerlo caer, de modo de acercarnos al escenario de una segunda censura o negación de confianza, para así tener más a la mano el arma del cierre del Congreso y la recomposición del escenario.

El fujimorismo mordió el anzuelo con entusiasmo. En parte porque no quiso mostrar debilidad, en parte porque confía en que puede repetir un buen desempeño electoral, pero sobre todo, me parece, porque confía en que mediante diferentes técnicas de interpretación constitucional puede seguir acosando o censurando ministros individuales sin pisar el palito de censurar o negar la confianza al futuro Presidente del Consejo de Ministros. En extremo, si el gobierno no juega bien sus cartas, podría (ahora sí) jugar en serio la carta de la vacancia, si es que encuentran que la opinión pública respalda esa propuesta.

El saldo, hasta el momento, es una suerte de empate precario, costoso para ambos bandos ante la ciudadanía más despolitizada (otra vez los políticos peleándose) pero positiva para representar al antifujimorismo o al descontento callejero, respectivamente. Para el gobierno este empate tiene cierto sabor a triunfo, después de pasar por varias derrotas. El fujimorismo puede sentir que cedió un empate cuando parecía contar con un triunfo asegurado. El siguiente movimiento le corresponde al gobierno, el nombramiento del nuevo Consejo de Ministros. Me parece que el gobierno no debe perder de vista que su único sostén es la legitimidad ante la opinión pública, que ve la política con mucho más escepticismo que los activistas. Debe pensar en un gabinete que proyecte eficacia, técnica y política, y no buscar gratuitamente una confrontación en la que tiene también mucho que perder.

viernes, 15 de septiembre de 2017

Fuego cruzado

Artículo publicado en La República, domingo 10 de septiembre de 2017

Tuve la paciencia de seguir buena parte de la sesión de interpelación a la ministra Martens. Los modales parlamentarios tradicionales se han prácticamente perdido, y la interpelación en gran medida queda reducida a su dimensión de puesta en escena. Por ello mientras la ministra habla y tiene la cámara encima los congresistas se ausentan. Cuando es el turno de los parlamentarios, se muestran ya sea flamígeros o reflexivos, según el estilo. Pero no se discuten argumentos, si no que se confrontan posiciones. El Frente Amplio y Nuevo Perú se presentan como defensores de los profesores maltratados y contrarios al modelo neoliberal, los fujimoristas como defensores de los pobres y excluídos, y como celosos fiscalizadores del gobierno. Del lado del gobierno y de otras bancadas están los argumentos, pero no la razón política, por así decirlo. El destino de la ministra se juega en la arena del cálculo político, no en el de la solvencia de sus respuestas al pliego interpelatorio. A esto se suman los adversarios de otras contiendas: los cuestionamientos al currículo nacional y al enfoque de género, entre muchos otros.

Será una lástima que el sector más importante del país pierda sucesivamente por censura dos ministros de gran calidad por consideraciones ajenas a su desempeño como tales. La caída de Saavedra es consecuencia de una demostración de fuerza del fujimorismo; la de Martens, si se da, es para correr la ola de una opinión pública en la cual la ministra termina asumiendo el pasivo del gobierno en general y de su caída en las encuestas. No es que deje de ser cierto que el gobierno ha mostrado graves falencias en el manejo de la huelga, o que la contundencia de la misma no sea consecuencia de problemas que se estuvieron incubando desde hace algún tiempo, lo que es responsabilidad del ministerio. Cierto es que, como se suele decir con insistencia en los últimos días, que era necesario “hacer política”: manejar mejor la negociación de la huelga, lograr presencia e influencia dentro del magisterio para legitimar la reforma magisterial. Cierto es también que dentro de las incongruencias del manejo gubernamental, incluso el Ministerio del Interior fue uno de los obstáculos más grandes para la ministra. El congresista Becerril recordó las declaraciones del viceministro de orden interno, Ricardo Valdés, verdaderamente infames y desleales, petardeando las negociaciones del ministerio de educación.

El tema es que, seamos honestos, esas capacidades no existen en nuestro país, ni existirán en el futuro cercano. Ningún grupo político, ni cercano al gobierno o en la oposición, tiene cuadros con experiencia política o competencias técnicas en número suficiente, ni presencia en el gremio magisterial. Si nuestra elite política fuese más madura, apostaría por fortalecer, mejorar, las capacidades del sector educación, que es lo único con lo que contamos para implementar cualquier iniciativa de cambio. Ello no se logra acosando a los ministros de turno, por supuesto. Lamentablemente, están primado los intereses de corto plazo.

De esta manera, si la ministra Martens termina siendo censurada, lo será como chivo expiatorio de culpas propias y ajenas, y víctima de un fuego cruzado, no solo del proveniente de las trincheras de los maestros en huelga y de la oposición, también del “fuego amigo” proveniente del propio gobierno. Hacia adelante, por supuesto, esperemos que el gobierno mantenga la convicción de seguir adelante con la política de reforma educativa, con las correcciones y ajustes que correspondan. Que quien venga relance, no claudique con la reforma.