lunes, 7 de mayo de 2018

Ahí vamos…

Artículo publicado en La República, domingo 6 de mayo de 2018

Está claro que el presidente Vizcarra no cuenta con la legitimidad que tendría un gobierno resultado directamente de elecciones, ni con una bancada parlamentaria propiamente dicha, ni con el beneficio de haber armado con algún tiempo un equipo de trabajo alrededor de objetivos comunes con asentamiento cuando menos en puntos clave del territorio. Al mismo tiempo, tiene por delante más de tres años de gobierno, y como hemos dicho ya, no puede pretender llegar al 2021 simplemente haciéndose el “muertito”.

Después de la presentación del Presidente del Consejo de Ministros esta semana, y del pedido de facultades legislativas ante el Congreso, considero que el balance es positivo, dadas las restricciones existentes. En el discurso de Villanueva el énfasis estuvo puesto en la lucha contra la corrupción, en la reforma política, la reconstrucción y diferentes medidas que buscan la reactivación económica, el combate a la anemia infantil, la protección de la niñez y de las mujeres ante la violencia, entre otros. En general, se percibe un reconocimiento de las prioridades que marca el contexto. En cuanto al pedido de facultades legislativas, ellas giran alrededor de temas económicos, tributarios y financieros; del proceso de reconstrucción y de la inversión en infraestructura; medidas de lucha contra la corrupción; de la protección de personas en situación de vulnerabilidad y violencia; y modernización del Estado. Nuevamente, se percibe un buen diagnóstico de las áreas en las que corresponde acción urgente, que deberían acompañarse de diferentes iniciativas sectoriales concretas en las próximas semanas. Por el momento, los sectores de oposición parecen más preocupados por sus problemas internos que por su relación con el ejecutivo.

Ahora, el clima actual ciertamente no va a funcionar indefinidamente. Conflictos o protestas sociales importantes en algún sector, el manejo político de los efectos de investigaciones fiscales o sentencias judiciales controvertidas, iniciativas ministeriales puntuales, complicarán nuevamente el panorama. Algunos ministros podrán caer (Córdova por ejemplo cayó con muy poco), el propio Villanueva inevitablemente sufrirá el desgaste que implica el ejercicio de su cargo, pero parecería que Vizcarra será quien entregue la banda presidencial al sucesor en 2021 sin los sobresaltos de los que fue víctima el presidente Kuczynski.

Unas palabras respecto a la reforma política, tema al que nos hemos referido anteriormente. Me parece saludable que desde el gobierno se reconozca la importancia del tema; que se hayan presentado propuestas referidas al control de dinero ilegal en la política (sancionar penalmente la no declaración del financiamiento electoral; el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de los postulantes a cargos públicos ante la Unidad de Inteligencia Financiera; obligar a las organizaciones políticas a reportar operaciones sospechosas ante ésta); y que se haya propuesto que los organismos electorales supervisen obligatoriamente las elecciones internas de los partidos, y el establecimiento del principio de equidad de género en las listas de candidatos.

Pero el problema con la reforma política es que ella debe contar con un buen diagnóstico y apuntar a reformas viables que ataquen los problemas más urgentes, y no una combinación de propuestas que individualmente podrían estar bien, pero que no resolverán los problemas que se quieren resolver. El bicameralismo, por ejemplo, podría estar bien, pero sin partidos que mejoren el proceso de selección de sus candidatos, estaremos en las mismas.

Enfrentemos la violencia contra las mujeres

Artículo publicado en La República, domingo 29 de abril de 2018

Tenía planeado escribir sobre otra cosa, pero siendo padre no podría dejar de comentar algo a partir del caso de Eyvi Agreda. Muchas personas han comentado que eventos como este y como muchos otros registrados recientemente le hacen pensar a uno cómo criar hijas en nuestro país. Luego vemos que en España hay una masiva indignación por un fallo judicial que caracteriza como “abuso” a una brutal violación grupal a una joven de 18 años, porque la víctima “no habría opuesto resistencia”. Entonces provoca preguntarse si es una buena decisión traer criaturas a este mundo.

Los casos son escalofriantes, pero un científico social debe mirar más allá de los casos particulares, y buscar patrones. Ciertamente estamos muy mal, somos uno de los países con más víctimas de feminicidio en América Latina, después de Honduras, Argentina, Guatemala, República Dominicana y El Salvador (datos de 2014). Los victimarios son principalmente sus parejas o exparejas (en un 87.3% de los casos, según datos de 2016). En 2016 un 68.2% de las mujeres peruanas que han tenido relación de pareja declaran haber sido alguna vez víctimas de violencia por parte de ellas; un 31.7% han sido víctimas de violencia física. Ese porcentaje supera el 40% en Apurímac, Puno y Junín, seguidos de cerca por Cusco y Ayacucho. Y un 72.8% de las víctimas no buscaron ayuda en ninguna institución pública. La gran mayoría de víctimas reportadas por denuncias de violencia sexual son menores de edad (72.6% en promedio entre 2011 y 2016).

Con todo, tenemos un terreno desde el cual plantear cambios. Hay un ligera disminución en el número de víctimas de feminicidio entre 2011 y 2015; el número de denuncias por violencia familiar ha ido en aumento entre 2009 y 2016; el número de personas atendidas por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer ha ido en aumento entre 2012 y 2016. Hay también un aumento en el número de personas con sentencias condenatorias entre 2014 y 2016 y un aumento en el tamaño de la población penitenciaria condenada por ese delito entre 2012 y 2015. Los índices de violencia psicológica, física, y sexual tienden a disminuir ligeramente entre 2009 y 2016. Y si bien en 2016 un 72.8% de las mujeres no buscaron ayuda en ninguna institución pública, eso es mejor que en 2000, donde el 80.6% no buscó ayuda.

Estamos muy mal, pero parece haber más conciencia y menos tolerancia con el problema: hay más denuncias e indignación con los casos reportados, y algo más de atención por parte del Estado. No es que antes estuviéramos mejor: antes la violencia contra las mujeres estaba “normalizada” y escondida. Y cada vez más las mujeres se ganan a pulso espacios de autonomía y libertad. La violencia machista parece últimamente fuera de control precisamente como la reacción de un sentido patriarcal ante la pérdida de control y privilegios.

Las mujeres están haciendo su parte. Los hombres debemos hacer la nuestra y reconocernos como parte del problema y de su solución. Pero sobre todo el Estado: uno esperaría del Ministerio de Justicia, de la Mujer, del Interior, de Educación, junto al Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso (por lo menos) el lanzamiento de un paquete integral de medidas con carácter de urgencia para enfrentar el problema. A esto se deberían sumar campañas de los medios de comunicación, aportes desde el conocimiento de las universidades, centros de investigación. Una iniciativa que podría plantear el nuevo Consejo de Ministros cuando se presente ante el Congreso. Medidas concretas con su respectivo presupuesto.

Vizcarra – Villanueva (2)

Artículo publicado en La República, domingo 22 de abril de 2018

Retomo el comentario sobre el nuevo presidente y su flamante Consejo de Ministros. Para no caer en la pura especulación, puede ser útil remitirse a experiencias cercanas de los últimos años.

Mirando el vecindario, encontramos una gran diversidad de situaciones. De un lado, tenemos vicepresidentes que asumieron el poder y no hicieron sino prolongar las crisis que los llevaron al poder. Recordemos a Ecuador con la crisis iniciada con la elección de Abdalá Bucaram en agosto de 1996, que solo terminaría con la elección de Rafael Correa diez años después, a finales de 2006. Caído Bucaram a los seis meses de gestión, el Congreso pasó por encima de la vicepresidenta Arteaga y nombró presidente al congresista Fabián Alarcón, quien gobernó solo un año y seis meses. En las nuevas elecciones ganó Jamil Mahuad, quien apenas gobernó un año y cinco meses, entre agosto de 1998 y enero de 2000; completó su periodo el vicepresidente Gustavo Noboa. En las elecciones de finales de 2002 ganó Lucio Gutiérrez, quien gobernó dos años y tres meses; terminó el periodo Alfredo Palacio, durante un año y ocho meses. Todo esto en medio de una grave crisis económica, altos niveles de confrontación política, y de protesta social.

Otro ejemplo de sucesión caótica es el que tuvo Bolivia con la renuncia de Sánchez de Lozada en octubre de 2003, apenas a un año y dos meses de haber asumido el cargo; sustituido por el vicepresidente Carlos Mesa, quien solo pudo gobernar un año y siete meses; ante su renuncia habrían tenido que asumir la presidencia el presidente del senado y de la cámara de diputados, quienes también renunciaron, por lo que asumió el poder el presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, quien básicamente cumplió con la obligación de realizar nuevas elecciones en los siete meses en los que estuvo a cargo. Digamos que la crisis iniciada con Sánchez de Lozada solo se resolvió tres años y cuatro meses después, con la llegada de Evo Morales a inicios de 2006.

Pero también hay casos exitosos, aún en contextos de crisis muy graves. En Brasil, escándalos de corrupción llevaron a la destitución de Fernando Collor a finales de 1992, después de un año y nueve meses de gestión. El vicepresidente Itamar Franco asumió la presidencia, en medio no solo de una grave crisis política, sino también económica. El éxito en estabilizar la economía, con la gestión del ministro de hacienda Fernando Henrique Cardoso, permitió que Franco tuviera una gestión exitosa, que Cardoso fuera elegido y reelegido presidente, que gobernara entre 1995 y 2002, y que iniciara el periodo que hasta no mucho era percibido como el del “milagro brasileño”, que como sabemos se desbarrancó años más tarde.

Vizcarra llega al poder después de un año y ocho meses de gestión de Kuczynski, y los tres años y cuatro meses que tiene por delante son un periodo muy largo como para solo hacerse el muertito y dejarse llevar por la corriente. A favor cuenta con un buen entorno económico, y cierta buena voluntad de los actores políticos, interesados en llegar al 2021 en las condiciones más favorables. Pero también es cierto que al fujimorismo le sigue preocupando el escenario judicial y la izquierda sigue siendo crítica con el modelo económico como durante Kuczynski, por lo que puede terminar igual de atenazado. Por ello debería intentar ganar espacio y legitimidad ante la opinión pública con iniciativas anticorrupción, con la reconstrucción y la recuperación económica, con el combate a la inseguridad, recuperando iniciativas de reforma en educación y salud. ¿Le alcanzará con el equipo que tiene?

Corrupción y Lula

Artículo publicado en La República, domingo 15 de abril de 2018

He intentado leer todo lo que he podido sobre el encarcelamiento del expresidente Lula, buscando las fuentes más confiables y las opiniones de colegas brasileños que más respeto, tratando de ser lo más comprensivo. Necesario para hacerse una opinión en medio de la polarización existente y no quedarse en los clichés de cada sector.

Empecemos por la negación del hábeas corpus presentado ante el Supremo Tribunal Federal (STF) por la defensa de Lula: en medio de las complejidades legales, me parece claro que lo reñido de la votación (seis votos contra cinco) refleja lo controversial del asunto; que no es que los magistrados conservadores hayan votado en contra de Lula, o que los moderados lo hayan hecho a favor; y que el encarcelamiento del presidente expresa un activismo judicial (por contraposición a posiciones más tradicionales “garantistas”) consecuencia de una creciente autonomía y fortalecimiento de las instituciones del sistema anticorrupción en Brasil, que se gestó, desde los años de la presidencia de Lula. Por supuesto que se pueden cometer excesos y errores, pero de allí a decir que las sentencias son arbitrarias y sin sustento hay un gran trecho.

Amigos de izquierda suelen repetir que “no existen pruebas” contra Lula, que su sentencia condenatoria en primera y segunda instancia, y la negación del hábeas corpus es resultado de una maniobra política de la derecha. Desde el Perú podríamos decirles que con un garantismo extremo no podríamos haber encarcelado ni a Abimael Guzmán ni a Alberto Fujimori, salvando las distancias entre los casos. El famoso triplex en São Paulo no está a nombre de Lula en los registros públicos; pero por testimonios, información indirecta y contextual se puede inferir que era parte de un soborno. Por supuesto, se puede discutir la validez de la inferencia, pero no la legitimidad de la argumentación. Y el hecho de que la sentencia de Lula haya sido ratificada y ampliada en segunda instancia por unanimidad, no debería ser pasado por alto.

Se señala también que la justicia sería selectiva y sesgada, drástica y rápida con Lula, pero ineficiente con por ejemplo el presidente Temer, sobre quien penden también graves acusaciones (argumento que en nuestro país usan los fujimoristas para criticar al fiscal José Domingo Pérez, por cierto). Puede ser, pero no puede obviarse que Lula como candidato presidencial hubiera tenido muchas maneras de obstruir la acción de la justicia; que uno de los impulsores de la destitución de Dilma Rousseff, el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, dirigente del PMDB, está en prisión condenado a quince años; que la mayoría de procesos judiciales relevantes todavía tienen para largo; y que si Temer no es procesado es porque cuenta con la protección constitucional del “fuero privilegiado”, amparado por el Congreso.

Finalmente, argumentos del tipo de que Lula es muy popular, que es el favorito para ganar las elecciones de este año, que la derecha más reaccionaria pretende volver al poder, que no hay que caer en la ingenuidad del honestismo, etc., me parece que no hacen más que ilustrar cuánto ha perdido la brújula nuestra izquierda continental y cuánto se parece a los adversarios que dice combatir. ¿Desde cuándo la izquierda normalizó tanto la corrupción y la justificó en nombre del realismo político? El primer paso para salir del hoyo debe ser reconocer que los esquemas de corrupción que asolaron Brasil y a muchos países de la región se gestaron durante los más de quince años de gobiernos del PT, y particularmente, durante los años de Lula. Y que ello es inaceptable.

El gobierno Vizcarra – Villanueva

Artículo publicado en La República, domingo 8 de abril de 2018

Hace unas semanas comentábamos que los diferentes sectores que pensaban que la caída de Kuczynski era preferible, imaginaban cada uno un Vizcarra a la medida. Una vez juramentado el nuevo presidente, estas expectativas se expresaron en la desaforada lista de nombres, trascendidos, consultas, que despertaban indignación o entusiasmo, según quien mirase. Ciertamente, era imposible que el nuevo gabinete satisfaciera a todos; lo importante era que el presidente y el presidente del Consejo de Ministros pudieran ensamblar uno que les permitiera gobernar.

Que la cabeza sea Villanueva resulta una opción lógica: existe una relación personal con el Presidente, tiende un puente al Congreso, abre una puerta a las regiones. Villanueva es un prototípico político regional, que alcanzó dimensión nacional, al igual que Vizcarra: presidente de la región San Martín, reelecto con una gestión exitosa (2006-2010, 2011-2014), Presidente de la Asamblea de Presidentes Regionales en dos ocasiones (2008-2009, 2012-13, expresiva del ascendiente que despertaba entre sus pares). Pero atención que el salto desde San Martín o Moquegua a la implacable Lima no es nada sencillo, y Villanueva lo sufrió en su breve paso por la Presidencia del Consejo de Ministros (octubre 2013 – febrero 2014). Desde su elección al Congreso, por su región y con Alianza para el Progreso (APP), esperamos haya aprendido las artes necesarias para sobrevivir en la capciosa y traicionera Lima.

Dicho sea de paso, creo que no puede deducirse del liderazgo de Villanueva un mayor poder de APP, ni ninguna influencia partidaria de la presencia de alguno de los ministros. Hace tiempo que nuestra política vive de políticos sin partido, o que usan diferentes políticos para desarrollar sus propias carreras políticas. Villanueva empezó postulando en 1980 a diputado por la UDP de Carlos Malpica, luego postuló en 2001 al Congreso por Somos Perú – Causa Democrática. Consolidó su carrera con su movimiento regional Nueva Amazonía (NM), para terminar en APP. En el camino, NM tuvo relación, en las elecciones de 2006, tanto con Unidad Nacional como con el partido de Susana Villarán, y en 2011 con Perú Posible. No es una crítica, así se hace política en nuestros tiempos.

¿Qué decir del Consejo de Ministros? Algunos están allí por la cercanía con el presidente, como Trujillo en Transportes; está el político Heresi, puente con el Congreso, PPK (el partido) y el fujimorismo en un sector clave; luego están los ministros “a la derecha”, guardianes del modelo (Tuesta en el MEF, Córdova en Producción, Ismodes en Energía); contrapesados por el “ala izquierda”, en ámbitos “sociales” (Balbuena en Cultura, Sánchez en Trabajo, La Rosa en MIDIS; los demás llegan porque han sido viceministros, directores generales o tienen cierto reconocimiento en su sector.

Vistas las cosas en perspectiva, se trata de un Consejo que sigue el patrón que vemos sin interrupciones desde 2001: un ala ortodoxa que maneja la economía, en ocasiones complementada con un ala progresista en algunas áreas, últimamente las sociales. Balance que se inclina ligeramente en un sentido u otro según las coyunturas (Toledo y Humala más a la izquierda; García a la derecha; Zavala a la izquierda, Aráoz a la derecha; Villanueva otra vez a la izquierda), pero donde pesa más en los nombramientos la influencia del expertise técnico y de sus redes locales e internacionales antes que presiones partidarias. Tan fuerte es esta inercia que, como se ha señalado, cambia todo pero el dólar no se mueve y la bolsa sube.

¿Cómo le irá a la dupla V-V? Seguimos la próxima semana.

lunes, 2 de abril de 2018

La Ciencia Política sobre América Latina


Hace algunos meses apareció el libro editado por Flavia Freidenberg, La Ciencia Política sobre AméricaLatina. Docencia e investigación en perspectiva comparada. (Santo Domingo yCiudad de México, ed. FUNGLODE e Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, 2017), un muy importante volumen que da cuenta de diversos aspectos del desarrollo de la disciplina. En él encontrarán también un capítulo mío, “De la crítica política a la ciencia política: notas hacia un balance”, que es una versión ligeramente modificada del texto que publiqué también en el libro del que soy editor, junto a Eduardo Dargent, ¿Qué implica hacer ciencia política desde el sur y desde el norte? (Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, 2015).

A continuación el índice:

Leonel Fernández
Prólogo

Flavia Freidenberg
Introducción: La Ciencia Política sobre América Latina: los desafíos de la docencia y la investigación en perspectiva comparada

I: La enseñanza de la Ciencia Política

Martín Lardone †
Nicolás Liendo
La Ciencia Política y su enseñanza en Argentina. Una evaluación de los planes de estudio

Mauricio Morales Quiroga
Alberto Espinoza Iturra
Las escuelas de Ciencia Política en Chile. Evolución, aranceles y mallas curriculares

Carmen Pérez Baralt
La enseñanza de la Ciencia Política en Venezuela: las licenciaturas

Enrique Gutiérrez Márquez
Karla Valverde Viesca
El proceso de institucionalización de la Ciencia Política a sesenta años de su desarrollo en México

Jean-Paul Vargas
Rigoberto González Badilla
Diferencias institucionales y retos profesionales de los politólogos en Centroamérica

Salvador Sánchez
David Bernal
Experiencias de docencia e investigación de la Ciencia Política en Panamá

Octavio Amorim Neto
Fabiano Santos
La Ciencia Política en el Brasil: el desafío de la expansión

Cecilia Rocha Carpiuc
La Ciencia Política en Uruguay: profesión, enseñanza e investigación

Stephanie Rodríguez
La Ciencia Política en la República Dominicana: desarrollo y retos actuales

II: La investigación politológica sobre América Latina

Aníbal Pérez Liñán
Temas de investigación y perspectivas de la Ciencia Política latinoamericanista en Estados Unidos

Flavia Freidenberg
La docencia y la investigación española en Ciencia Política sobre América Latina

Olivier Dabène
Los retos de la disciplina de la ciencia política latinoamericanista en Francia. Temas y enfoques

Peter Birle
La Ciencia Política latinoamericanista en Alemania

Marcus Buck
La Ciencia Política latinoamericanista en Noruega: temas y enfoques

Tomáš Došek
Karel Kouba
Pavlína Springerová
El doble reto de la Ciencia Política latinoamericanista en la República Checa

III: Sobre las publicaciones

Porfirio Cardona-Restrepo
Luis Guillermo Patiño Aristizábal
Patricia Muñoz Yi
La Ciencia Política colombiana en el contexto mundial y local: un análisis de dominio

Daniel Chasquetti
Una explicación sobre la supervivencia de la política comparada en la región

IV: Sobre la profesión y sus niveles de institucionalización

Pablo Alberto Bulcourf
Nelson Dionel Cardozo
La Ciencia Política en América Latina: un análisis comparado de su desarrollo

David Altman
Enseñando y entrenando: ¿dónde se genera conocimiento? Sobre la productividad e impacto de los departamentos de Ciencia Política en América Latina

Víctor Alarcón Olguín
La evaluación y promoción de las Ciencias Sociales en México. El caso de los politólogos y los administradores públicos

Andrés Malamud
Flavia Freidenberg
Politólogos en fuga: patrones divergentes de emigración y retorno en el Cono Sur

Martín Tanaka
De la crítica política a la Ciencia Política: notas hacia un balance

Presidents and Democracy in Latin America


Hace poco apareció este interesante libro, que contiene una contribución de este servidor, en coautoría con Jorge Morel, donde analizamos los casos de los expresidentes Alan García y Alberto Fujimori. Una ocasión para explorar el papel del liderazgo político para explicar el rumbo político de nuestros países.

En palabras de la colega Mariana Llanos, "Written by renowned specialists and country experts, Presidents and Democracy in Latin America appropriately acknowledges the equal importance of political institutions, governmental constructions, and leadership traits in shaping political processes and policy decisions in contemporary Latin America. The authors analyze three decades of unprecedented democratic continuity in the region, where established presidential institutions alternatively coexist with a great deal of political innovation and long-term traditions of strong personal rule. Presidents and Democracy in Latin America represents a groundbreaking contribution to the study of presidentialism in Latin America".

Presidents and Democracy in Latin America
Edited by Manuel Alcántara, Jean Blondel and Jean-Louis Thiébault
(NY, Routledge, 2018).

Table of Contents

Part 1: Presidentialism and Political Capital in Latin America

1. Politics in Latin America in the Past Third of a Century (1978-2015)
Manuel Alcántara

2. Presidential Leadership in Latin America
Jean-Louis Thiébault

3. The Character of the ‘Government’ in Latin American Presidential Republics
Jean Blondel

4. Political Career Trajectories and Social Backgrounds: Latin American Presidents in Comparative Perspective (1978-2015)
Manuel Alcántara, Mélany Barragán and Francisco Sánchez

Part 2: Personal Power and Institutional Constraints: Case Studies

5. Mexico. Zedillo and Calderón: The Challenges of Governing under Adversity
Marisol Reyes

6. Colombia. Political Leadership in a Turbulent Environment. César Gaviria and Álvaro Uribe Vélez Javier Duque

7. The singularity of Peruvian Politics and the Role of Presidential Leadership. The Cases of Alberto Fujimori and Alan García
Martín Tanaka and Jorge Morel

8. Presidential Leadership in a Robust Presidency: the Brazilian Case
Magna Inácio

9. Menem and Kirchner. The Two Faces of Peronism?
Mario D. Serrafero

10. The Presidential Government of Chile
Carlos Huneeus

11. Conclusion

¿Por qué tantos expresidentes?

Artículo publicado en La República, domingo 1 de abril de 2018

Visto el Perú en el contexto internacional, llama la atención por qué en un país percibido como estable, y que ha tenido un razonablemente buen desempeño económico y político en los últimos años, tenemos tantos expresidentes en problemas. Fujimori preso, Toledo enfrentando un proceso de extradición, Humala en prisión preventiva, Kuczynski con impedimento de salida del país. ¿Somos un país particularmente corrupto? Según Transparencia Internacional, Perú aparece entre 2012 y 2017 con pequeñas variaciones con un puntaje de entre 38 y 35, obteniendo 37 en 2017, ubicándose en el puesto 96 de 181 países del mundo en cuanto a integridad. Dentro de América Latina Perú aparece como a media tabla, siendo los casos con más corrupción los de Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Paraguay y México.

Perú tampoco es el país más afectado por el pago de sobornos por parte de Odebrecht en los últimos años. Según confesión de directivos de esta empresa en los Estados Unidos, después de Brasil, se habría pagado, en orden de magnitudes, más en Venezuela, República Dominicana, Panamá, Argentina y Ecuador. De esos países, solo en Brasil tenemos al expresidente Lula con una condena a doce años de prisión, quedando pendiente por resolverse un recurso de hábeas corpus interpuesto por su defensa; y en Ecuador el vicepresidente Jorge Glas fue condenado a seis años de prisión el diciembre pasado por haber recibido sobornos de Odebrecht.

Los países con más expresidentes acusados de corrupción junto a Perú son El Salvador y Guatemala. En el primer caso, el expresidente Francisco Flores (1999-2004) falleció cumpliendo arresto domiciliario mientras era enjuiciado en 2016; el expresidente Elías Saca (2004-2009) está en prisión preventiva desde 2016 enfrentando diversos juicios; y Mauricio Funes (2009-2014) se encuentra asilado en Nicaragua, y fue declardo culpable de enriquecimiento ilícito en noviembre del año pasado. Guatemala, por su lado, tiene el récord de nueve expresidentes investigados o encarcelados. El actual presidente, Jimmy Morales enfrenta acusaciones de financiación ilícita de su campaña electoral por parte del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) fue desaforado por el Congreso, tuvo que presentar su renuncia, y se encuentra actualmente procesado en prisión preventiva; Alvaro Colom (2008-2012) también está en prisión preventiva desde febrero de este año; Alfonso Portillo (2000-2004) fue extraditado a los Estados Unidos acusado de lavado de dinero, se declaró culpable y purgó una pena de prisión en ese país en 2014. El expresidente Alvaro Arzú (1996-2000) y alcalde de Guatemala desde 2004, reelecto en tres ocasiones, fue acusado el año pasado por la CICIG de utilizar fondos municipales con fines particulares.

El que haya tantos expresidentes con problemas en estos tres países y no tanto en otros sugiere pistas para entender por qué; primero, la extrema debilidad institucional y del sistema de partidos en Perú y Guatemala no debe ser casual (El Salvador, con sus particularidades, no está tan lejos). La política se puebla de aventureros y proliferan conductas oportunistas. Al mismo tiempo, la extrema volatilidad política hace a los expresidentes muy vulnerables a los ataques de sus opositores una vez que dejan el poder. Además, resulta clave también el activismo de entidades como la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, el CICIG guatemalteco o el Sistema anticorrupción peruano, que con todas sus limitaciones, desarrollan sus investigaciones.

¿Por qué cayó PPK?

Artículo publicado en La República, domingo 25 de marzo de 2018

No hace mucho, llamaba la atención la constatación de una inédita, para nuestros parámetros, continuidad y estabilidad en el país. Desde la década de los años noventa en lo económico teníamos neoliberalismo, y en lo político orientaciones de centro derecha. En medio del “giro a la izquierda” latinoamericano, Perú eligió como presidentes a Alan García y a Ollanta Humala, pero la fortaleza del establishment se impuso y ninguno implementó políticas populistas o heterodoxas. Los resultados de las elecciones de 2016 podían ser leídos como una suerte de consolidación de ese orden. Hechas las sumas y las restas, al final el tecnopolítico Kuczynski, candidato “orgánico” de la elite empresarial asumía directamente el gobierno, y la mayoría fujimorista en el Congreso configuraba una amplia hegemonía de derecha. ¿Qué podría salir mal?

Para empezar, está la profunda mutación del fujimorismo, además ganador inesperado de una mayoría absoluta en el Congreso. De ser promotor de las reformas neoliberales en la década de los años noventa, y garante de la continuidad de ese legado durante los gobiernos de García y Humala, asumió con Kuczynski un rol de oposición que implicó involucionar hacia posiciones abiertamente populistas, arriar las banderas de las reformas de “segunda generación”, para defender intereses conservadores. Implementó un estilo agresivo de hacer oposición que implicó censuras a ministros clave, censura a un Consejo de Ministros en el que muchos de sus integrantes, en otras circunstancias, bien podrían haber sido parte de su gobierno, y que terminó con las dos mociones de declaratoria de vacancia del presidente.

Ahora bien, también es cierto que el presidente cayó porque, en ese contexto adverso, se aisló totalmente y al final no quedó prácticamente nadie dispuesto a defenderlo. Para empezar, como supuesto tecnopol fue una completa decepción. Malas decisiones económicas conspiraron contra el crecimiento, abrió una brecha entre tecnócratas y gerentes importados del sector privado, entre gobierno y empresarios. A lo postre se rompió el frente de derecha unido durante 25 años.

Luego está el manejo de las relaciones con la oposición, o las oposiciones. Intentó con Zavala, razonablemente, construir una relación mínimamente cooperativa con el fujimorismo, asumiendo grandes costos, pero al menos algunos objetivos propios estaban sobre el tablero. Pero con Aráoz las concesiones llevaron al inmovilismo y, lo que es peor, no tuvieron ningún resultado favorable. Diversos escándalos amplificados por los medios de comunicación llevaron a la presentación de las mociones de declaratoria de vacancia del presidente. El error garrafal fue creer que el indulto al expresidente Fujimori podría tener un efecto apaciguador y “reconciliador”. Todo lo contrario: exacerbó la furia en Fuerza Popular, se ganó la enemistad y el encono del antifujimorismo, que lo salvó de la primera moción de vacancia, y construyó una alianza informal con un aliado muy endeble, los disidentes encabezados por Kenji Fujimori. A la postre, lo que hizo que la renuncia del presidente fuera inevitable fue el afán de construir una alianza con sectores tan poco confiables.

No creo que ninguna de las múltiples denuncias y acusaciones lanzadas contra el expresidente expliquen su caída. Ninguna de ellas constituye de por sí un delito flagrante, o una falta inexcusable. Si aplicáramos el mismo estándar a los expresidentes Toledo, García o Humala, ninguno de ellos podría haber gobernado. Kuczynski cayó por haber tomado pésimas decisiones, que lo llevaron a la soledad absoluta.

¿Y después del jueves, qué?

Artículo publicado en La República, domingo 18 de marzo de 2018

No hay manera de saber cuál será el resultado de la votación de la moción de vacancia del presidente Kuczynski del jueves 22. La balanza parece ligeramente inclinada a favor de la sobrevivencia del presidente, pero estamos ante una moneda en el aire, prácticamente.

¿Por qué la oposición se ha lanzado a esta aventura de resultado incierto? Nuevo Perú quiere borrar la abstención de la votación de diciembre, que la hizo quedar muy mal después del indulto al expresidente Fujimori, y junto al Frente Amplio no quieren aparecer como cómplices de un gobierno “corrupto y neoliberal” y arriesgar ser rebasados por la banda izquierda. El fujimorismo no puede negar su actuación de diciembre, y espera recuperar la iniciativa, su imagen como luchadores contra la corrupción, dejar de estar en el bando de los acusados, afianzar a sus huestes después de las deserciones que ha sufrido. Otros calculan ganar más buscando buena ubicación frente a un hipotético gobierno de Vizcarra que aceptando las ofertas que lanza un gobierno con cada vez menor credibilidad.

El problema es que para la ciudadanía estamos ante una pura disputa de poder en las alturas de la política, jugada entre actores, todos ellos, manchados por acusaciones de corrupción, que intentan limpiarse acusando a otros de ser los verdaderos corruptos. De allí que la indignación y la molestia ciudadana no se exprese de manera visible: ella no logra ser canalizada por nadie, porque todos aparecen igualmente comprometidos.

Hay que reconocer que el presidente ha hecho méritos para llegar al entredicho en el que está atrapado. Aún parado en el cadalso en el que se discute su ejecución, es incapaz de dar explicaciones claras y convincentes respecto a su actuación pública. Al punto que incluso muchos que piensan que sería inconveniente para el país que se declare la vacancia del presidente Kuczynski la próxima semana, tampoco pueden imaginar cómo éste presidente podría ser capaz de gobernar hasta el 2021, llevando apenas poco más de un año y siete meses (me incluyo en ese grupo).

Y es que el drama de la situación actual es que estamos muy mal con la situación actual, pero tampoco es claro que con un cambio vayamos a estar algo mejor. Y que hemos quedado atrapados en una disputa puramente política, sin vínculo con los problemas del país y sus necesidades. En medio de la trifulca, las pocas iniciativas reformistas que intentó, mal que bien, implementar este gobierno se han perdido: ¿qué pasó con la reforma policial y del sector interior intentada por el ministro Basombrío? ¿Y la reforma educativa de los ministros Saavedra y Martens? ¿El acuerdo nacional por la justicia de la ministra Pérez Tello? ¿La reforma de la salud de la ministra García? ¿La reconstrucción con cambios liderada por De la Flor? En medio de los problemas, cuando menos se percibía cierta intención, la existencia de un rumbo. Ahora, prácticamente nada. Y la inercia de temas importantes heredados del gobierno anterior (política social, diversificación productiva, ley SERVIR) también parecen haber naufragado en el último año. Así que el saldo es depriment y la sensación es que país va al garete.

Desde este punto de vista, no interesa tanto lo que pase el jueves; podemos estar a la larga en las mismas con Kuczynski o con Vizcarra. Encerrados en una pura disputa de poder en las alturas, sin enfrentar los problemas que desvelan a los ciudadanos. Por ello, después del jueves urge gestar a quien esté a cargo del ejecutivo, al Congreso y a la sociedad civil un amplio acuerdo político que permita que el país deje la parálisis en que se encuentra.

El que puede, puede

Artículo publicado en La República, domingo 11 de marzo de 2018

Para tener una convivencia civilizada, que permita resolver los conflictos sin violencia, convenimos en establecer algunas reglas, que nos dan un mínimo de orden y certidumbre, nos protegen de la tiranía del más fuerte. Esto vale para todo tipo de reglas, desde las más elementales y cotidianas, hasta las Constituciones de las repúblicas. No se trata de quedar atrapados por las reglas: la sociedad, las circunstancias cambian, y cuando las reglas nos estorban o nos resultan insuficientes, llega el momento de cambiarlas. Pero para hacerlo debemos también respetar ciertos procedimientos, para no caer, precisamente, en la arbitrariedad y la incertidumbre. Para que la vida en la sociedad, o en la comunidad política funcione, necesitamos reglas adecuadas, pero también ciudadanos y políticos sensatos que entiendan el sentido de las mismas, sepan cómo aplicarlas, cuándo cabe hacer excepciones, cuándo corresponde cambiarlas; pensando en el bien común y no en obtener beneficios particulares.

En estos días estamos viendo cómo nuestros políticos están torciendo, en ocasiones groseramente, el sentido de las normas constitucionales para obtener beneficios particulares, de muy corto plazo, que nos acercan peligrosamente a la tiranía de la mayoría. Se acaba de presentar, nuevamente, una moción para declarar la vacancia del presidente Kuczynski, por “permanente incapacidad moral”. En un régimen presidencial el mandato del presidente tiene un periodo fijo, y su interrupción solo corresponde en circunstancias muy excepcionales, y no debería darse simplemente porque el presidente pierde el control de sus relaciones con la oposición en el Congreso. Si la vacancia se da, ocurrirá simplemente porque los diferentes grupos de oposición tienen los votos necesarios, abriéndose la puerta peligrosamente a situaciones de arbitrariedad.

Venimos en América Latina de un ola de presidencias interrumpidas mediante destituciones de dudosa constitucionalidad orquestadas por los Congresos de sus países; justo es reconocer que muchas veces esto sucedió porque los presidentes perdieron el control de la situación política, con lo que las destituciones fueron percibidas más como una manera de resolver un impasse político antes que como una violación al orden constitucional, con lo que terminaron siendo avaladas por todos los actores relevantes. En nuestro país estamos a un paso de ello; todo depende de la aritmética congresal y de las señales que de el vicepresidente Vizcarra.

El problema es que se abren también las puertas de la arbitrariedad. Recientemente, por ejemplo, en Bolivia Evo Morales y el presidente hondureño Juan Hernández lograron, a pesar de que sus Constituciones lo prohiben expresamente, abrir el camino para postularse a la reelección, bajo el artificioso argumento de que limitar la reelección limita los derechos humanos de los presidentes. Argumento absurdo, pero si tienes los votos en el Congreso y controlas las cortes, lo puedes hacer.

El reciente cambio del Reglamento del Congreso sobre la moción de censura y la cuestión de confianza, pasando por alto todos los procedimientos, es expresión de un juego de cortísimo plazo para avanzar hacia la vacancia del presidente, sin que importe llevarse de encuentro en el camino una institución esencial del régimen político y del equilibrio de poderes establecido en la Constitución. Terrible que haya sido aprobada con 81 votos, lo que muestra que los intereses de corto plazo están por encima de las diferencias políticas. ¿El que puede, puede? Esperemos que este atropello sea evitado por el Tribunal Constitucional.

La onda sísmica desde Sao Paulo

Artículo publicado en La República, domingo 4 de marzo de 2018

Muchos periodistas han usado el símil del terremoto para referirse a los efectos de las respuestas que dio Jorge Barata al interrogatorio de los fiscales peruanos sobre nuestra política. Conviene, me parece, detenerse en esta figura.

El epicentro está en Brasil, pero sus efectos se sienten en toda la región, y no debe perderse la perspectiva. Según confesión de directivos de Odebrecht en los Estados Unidos, de diciembre de 2016, se reconoce que entre 2001 y 2016 la empresa pagó unos 788 millones de dólares por sobornos, por más de cien proyectos en doce países, que permitieron ingresos de 3,336 millones. 349 se pagaron en Brasil, 439 millones fuera. Ordenándolos por montos, la cosa queda así: en primer lugar está Venezuela, donde se pagaron 98 millones de dólares entre 2006 y 2015; luego República Dominicana, con 92 millones entre 2001 y 2014; Panamá, 59 entre 2010 y 2014; Angola 50, entre 2006 y 2013; Argentina, 35 entre 2007 y 2014; Ecuador, 33.5 entre 2007 y 2016; en séptimo lugar Perú, con 29 millones entre 2005 y 2014, que permitieron beneficios por 143 millones (sabemos que Toledo habría recibido 20 por la interoceánica sur); Guatemala, 18 entre 2013 y 2015; Colombia, 11 entre 2009 y 2014; México, 10.5 entre 2010 y 2014; y Mozambique, con 900,000 dólares entre 2011 y 2014.

Las recientes declaraciones de Barata se refieren a aportes a campañas electorales, que suman 8 millones 400 mil. Como en los terremotos, sabemos que han ocurrido siempre, cuáles son las causas, que la energía sísmica está allí acumulándose, pero cuando ocurre, igual nos asustamos y sufrimos sus estragos. Sabemos que desde siempre el sector privado ha financiado las campañas electorales; Dionisio Romero lo ha reconocido, y hasta la ley de partidos de 2003 no existía ninguna regulación al respecto; y desde entonces existe, pero apenas se cumple.

Pasado el susto, tenemos que para los principales afectados llueve sobre mojado: en cuanto a Susana Villarán se confirma lo señalado por Valdemir Garreta en noviembre del año pasado, que la campaña contra la revocatoria habría recibido tres millones de dólares mientras ella era autoridad, lo que la complica especialmente; también se confirma la declaración de Odebrecht de tres millones para la campaña de Humala de 2011. Ese año también habrían recibido dinero las campañas de Keiko Fujimori (1 millón 200 mil), Toledo (700 mil), y Kuczynski (300 mil); y la de García (200 mil) en 2006. La obscenidad de los detalles es un remezón que destruye vidrios de grandes edificios, y va a complicarle la vida a Nadine Heredia, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Avraham Dan On, Susana de la Puente y Luis Alva Castro, pero no es claro que la cosa vaya más allá. Odebrecht ha dicho que los aportes de campaña buscaban “abrir puertas” y no están asociadas directamente a actos ilícitos. Barata declaró sobre estos aportes, pero asumiendo que no se están tratando temas de corrupción. Recibir estos aportes, ¿constituye solo una falta administrativa, o se puede tipificar un delito? Hasta el momento no queda claro, aunque es indudable el fuerte impacto negativo en términos de imagen ante la opinión pública, que seguramente impactará también en las encuestas de intención de voto.

Entonces, este sismo, si bien fuerte, no es todavía el mega terremoto que hace tiempo estamos esperando: éste llegará, esperamos, cuando el fiscal Hamilton Castro interrogue a Barata por los sobornos pagados por Odebrecht, en el contexto de un esquema de colaboración eficaz. Allí recién veremos cuántos altos funcionarios, ministros y expresidentes terminan en la cárcel.

Reelección y autoritarismo

Artículo publicado en La República, domingo 25 de febrero de 2018

Perpetuarse en el poder es una muestra inequívoca de autoritarismo, aunque se puedan encontrar múltiples razones ideológicas para justificarla y diferentes artilugios legales para implementarla. Los peruanos recordamos bien la experiencia de la segunda reelección de Alberto Fujimori. Fue electo en 1990, mediante un golpe de Estado abolió la Constitución de 1979, y mediante un Congreso Constituyente y un referéndum aprobó la Constitución de 1993; y luego fue reelecto en 1995. La Constitución de 1993 solo permitiía una reelección inmediata, por lo que Fujimori utilizó el artilugio de considerar como primera elección la de 1995, para así poder reelegirse “por primera vez” en 2000. Tuvo que descabezar el Tribunal Constitucional para imponerse, y ya sabemos cómo terminó todo eso.

En Venezuela Hugo Chávez fue electo por primera vez en 1988; también convocó a una Asamblea Constituyente y aprobó por referéndum una nueva Constitución en 1999, que permitió una reelección inmediata; bajo las nuevas reglas fue reelecto en 2000 y reelecto en 2006; para volverse a elegir en 2012 tuvo que convocar a un referéndum en 2009, en donde consagró la reelección indefinida. Al menos Chávez intentó ser algo prolijo en la justificación de su permanencia en el poder; prolijidad que por supuesto con Maduro ahora no existe, y hace bien la OEA en pedir la cancelación de la anunciada elección presidencial en el mes de abril.

Por el contrario, en Colombia, cuando Alvaro Uribe, electo en 2002 y reelecto en 2006 pretendió convocar a un referéndum para habilitar un segundo mandato consecutivo, tuvo que recular, ante un pronunciamiento en contrario de la Corte Constitucional. Hay que reconocer que Uribe no forzó un enfrentamiento con la Corte, a diferencia de Fujimori. En Ecuador, en un recorrido conocido, Rafael Correa fue electo en 2006, impulsó una Asamblea Constituyente, aprobó una nueva Constitución en 2008, y fue reelecto en 2009 y 2013, bajo la norma que permitía una reelección inmediata. En 2015 Correa hizo aprobar al Congreso una modificación constitucional estableciendo la reelección indefinida, pero no aplicable para las elecciones de 2017. Ese año, como sabemos, Correa optó por no presentarse a un nuevo periodo; inesperadamente para él, su sucesor, Lenin Moreno acaba de aprobar en un referéndum la eliminación del principio de reelección indefinida, cerrando la posibilidad de una nueva postulación de Correa. Estos países se libraron de una deriva autoritaria.

En Bolivia, Evo Morales fue electo por primera vez en 2005; convocó a una Asamblea Constituyente y aprobó la Constitución de 2009, que permitió la reelección inmediata por una sola vez. Culminado su primer mandato, fue reelecto en 2009 y luego en 2014, gracias a que el Tribunal Constitucional consideró como primer gobierno al de 2010, no al de 2006; digamos que consiguió legitimar lo que Fujimori tuvo que hacer a la fuerza. Para poderse reelegir en 2019, Morales convocó en 2016 a un referéndum para cambiar la Constitución y establecer la posibilidad de reelegirse por dos periodos consecutivos, pero perdió. Sin embargo, a finales del año pasado logró que el Tribunal Constitucional declarara que el límite a la reelección “viola sus derechos humanos”, amparándose supuestamente en la Convención Americana de Derechos Humanos. Como ha señalado José Miguel Vivanco, además de descabellado, ese razonamiento peca de hipócrita, considerando que Morales sistemáticamente ha denostado los principios internacionales de protección de los derechos humanos. Más temas complicados para la próxima Cumbre de las Américas.

¿Y Honduras?

Artículo publicado en La República, domingo 18 de febrero de 2018

A propósito de la realización de la VIII Cumbre de las Américas el próximo abril en nuestra capital, la atención se ha centrado en la participación del presidente Nicolás Maduro. Pero con razón, algunos comentaristas internacionales señalan que no debemos ignorar la situación de otros países, como Honduras. Este caso pone sobre el tapete importantes cuestionamientos a la acción de la Organización de Estados Americanos (OEA), especialmente después de la renuncia de nuestro compatriota, el ex Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, como Jefe de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

La MACCIH se formó a inicios de 2016, con el apoyo de la OEA y la Unión Europea, después del descubrimiento de un millonario desfalco de más de 350 millones de dólares al Instituto de Seguridad Social, intentando seguir el antecedente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el apoyo de la ONU. Este dinero habría servido, entre otras cosas, para financiar la campaña electoral del Partido Nacional de Honduras, actualmente en el poder con el presidente Juan Orlando Hernández. La renuncia de Jiménez denuncia la voluntad de encubrimiento de actos de corrupción del gobierno de Hernández, de otros grupos políticos en el Congreso, y desnuda la relativa desidia del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para respaldar con más firmeza las iniciativas de la MACCIH.

No son los únicos cuestionamientos que recaen sobre Hernández. Este logró que la Corte Suprema de Justicia aprobara cambios constitucionales que le permitieron postular a la reelección en las elecciones de noviembre pasado; no debe olvidarse que la acusación de pretender implementar cambios constitucionales para reelegirse fue la justificación para el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en 2009. Las elecciones fueron muy reñidas, el conteo de votos muy lento y lleno de irregularidades, y el resultado oficial dio una diferencia de apenas 50,000 votos entre Hernández y el principal candidato opositor. El Tribunal Supremo Electoral, en medio de fuertes cuestionamientos, aceptó realizar un reconteo parcial de votos, que no impidió una fuerte ola de protestas, que han dejado varios fallecidos.

La polarización y conflictividad en Honduras, país considerado tradicionalmente estable en términos políticos, hay que entenderlo en el marco del final del bipartidismo tradicional, imperante hasta el 2009. Después de la caída de Manuel Zelaya, del Partido Liberal, este grupo entró en un proceso de división y fragmentación interna. El Partido Nacional, de derecha, logró volver al poder en 2010 con el presidente Porfirio Lobo, y desde entonces mantenerse, logrando una continuidad inédita en la historia hondureña. La hegemonía conservadora genera tensión y rechazo entre sectores liberales, de izquierda, y sectores movilizados en contra de la corrupción y de los arreglos clientelísticos tradicionales. Pero lo que está en juego en Honduras no es solo un predominio conservador cuestionado por opositores políticos. La renuncia de Jiménez tiene como trasfondo la denuncia de la presencia de una red de sobornos en el Congreso, que afecta diputados de varios grupos políticos, que habría movilizado más de 60 millones de dólares; y la aprobación de un ley en el Congreso que limita la capacidad de fiscalización de la MACCIH y deja en un poco autónomo Tribunal Superior de Cuenta la potestad de investigar el manejo de los fondos públicos, en lo que parece un pacto del conjunto de la elite política hondureña por la impunidad.

jueves, 15 de febrero de 2018

¿Cae PPK?

Artículo publicado en La República, domingo 11 de febrero de 2018

La gran pregunta que flota en el ambiente político peruano es si el presidente Kuczynski será capaz de terminar su mandato, o si el Congreso declarará la vacancia por su supuesta incapacidad moral. Fernando Rospigliosi ha citado los trabajos del colega Aníbal Pérez-Liñán, quien ha estudiado las crisis presidenciales latinoamericanas que han terminado con la caída de los mandatarios a través de juicios políticos en las últimas décadas. Como se ha recordado, para Pérez-Liñán las caídas se dan después de escándalos revelados por la prensa; de que el presidente pierde el control del Congreso; y cuando se dan protestas callejeras masivas, capaces de congregar un conjunto amplio y heterogéneo de sectores.

Si bien tenemos escándalos y denuncias de corrupción, las razones que nos llevaron a oponernos a la declaratoria de vacancia en diciembre desde esta columna siguen siendo las mismas. Las denuncias hasta el momento son ciertamente graves y deben ser investigadas y aclaradas, pero no parece haber mucha novedad en ese frente. Se especula mucho sobre las futuras declaraciones de Jorge Barata, pero las declaraciones de Marcelo Odebrecht señalan que la relación de PPK como consultor con su empresa se dio después de que fue ministro y antes de que fuera candidato presidencial; y que PPK fue una “piedra en el zapato” desde Proinversión para que se adjudicara el contrato de concesión de la carretera interoceánica. En segundo lugar, si bien el presidente no tiene ningún control sobre el Congreso, no es evidente de que existan en este momento los 87 votos necesarios para lograr la vacancia. Están los 61 votos de Fuerza Popular, los veinte de la izquierda (diez del Frente Amplio y diez de Nuevo Perú), que suman 81; los restantes deberían salir de las bancadas de Alianza para el Progreso (8) y de Acción Popular (5), donde no hay una postura clara, y de alguno de los No Agrupados (16, de los cuales a favor de la vacancia podrían estar apenas dos; también parecen contrarios a ésta los cinco del APRA). Y finalmente, la protesta callejera por la vacancia no logra ser amplia y plural, y parece circunscrita a los sectores antifujimoristas.

Por supuesto, todo puede cambiar rápidamente. Y el factor más voluble, a mi juicio, depende esencialmente de la negociación desde el Congreso con el vicepresidente Vizcarra. Como ha sido resaltado por muchos, en muy diversos sectores la imagen de un gobierno encabezado por Martín Vizcarra ha empezado a ser visto como una posibilidad interesante. Acá el asunto es que cada quien construye un Vizcarra a su medida para ilusionarse. Desde el fujimorismo se espera a un presidente sumiso que les allane el camino al triunfo en 2021; desde la orilla opuesta, a un presidente enérgico en el combate a la corrupción y la defensa de las instituciones. Desde la izquierda a un presidente más dialogante y sensible a dimensiones regionales y sociales, y desde la derecha a uno proempresarial y promotor de la inversión privada. Al mismo tiempo, me imagino, Vizcarra debe recordar que fue maltratado por el Congreso, desde diversos frentes, cuando fue ministro durante la negociación del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, por lo que no debe tener ningún apuro para lanzarse al ruedo. De un lado el Congreso espera tener más claro qué tipo de presidente sería, y del otro Vizcarra espera cierta garantía de que lo dejarían gobernar. Hasta que estos asuntos no se aclaren, no es evidente de que las diferentes bancadas en el Congreso lo prefieran a él y no a un presidente débil, pero por lo mismo manejable, presionable y concesivo.

¿Qué hacer en Venezuela? 2018

Artículo publicado en La República, domingo 4 de febrero de 2018

En octubre del año pasado comentábamos cómo el gobierno de Nicolás Maduro parecía recuperar la iniciativa después de aparecer tambaleante. La crisis económica, el creciente desgobierno, la unidad de la oposición, permitió a ésta avanzar, ganando incluso el control del parlamento después de las elecciones parlamentarias de 2015. El paso siguiente fue el pedido de un referéndum revocatorio para el presidente Maduro, que la oposición esperaba se pudiera dar a finales de 2016, de modo que pudiera convocarse inmediatamente después a una nueva elección presidencial. Como sabemos, Maduro, consciente de que había perdido mayoría electoral y control del Congreso, impidió la realización del referéndum, postergó indefinidamente las elecciones regionales de 2016, y cercenó las prerrogativas de la Asamblea Nacional a inicios de 2017, utilizando al Tribunal Supremo de Justicia. El régimen autoritario de Maduro pasó a una etapa abiertamente dictatorial, y la oposición respondió con la movilización en las calles; entre abril y junio del año pasado Maduro parecía estar a punto de caer.

Pero logró sobrevivir. En julio se realizaron elecciones para conformar una Asamblea Nacional Constituyente; al instalarse en agosto, una de sus primeras decisiones fue asumir la función legislativa, quitándosela definitivamente a la Asamblea Nacional. Luego convocó para octubre las postergadas elecciones regionales, y para diciembre las elecciones municipales, en las que obtuvo sendos triunfos. Tanto así Maduro confía en que ha recuperado competitividad electoral, que ha propuesto adelantar para abril la elección presidencial prevista para diciembre de este año.

¿Cómo así Maduro logró sobrevivir, a pesar de la dramática crisis venezolana? No es sencillo dar una respuesta, pero entre varios factores habría que mencionar que la gravedad de la crisis minó a la larga las capacidades de resistencia civil y acción colectiva de protesta; hizo a la sociedad, especialmente a los sectores populares, cada vez más dependientes de esquemas clientelísticos para sobrevivir (al respecto son claves los “Carnets de la Patria”, documento que permite el acceso a programas sociales y a los programas de distribución de alimentos subsidiados a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción –CLAPS-). El Estado, en medio de su colapso, se mantiene como aparato eficaz de control y redistribución de rentas. Al mismo tiempo, la oposición perdió credibilidad como alternativa viable, al identificarse durante un periodo largo solamente con la movilización y la protesta, y al ausentarse de los últimos procesos electorales. Además, los dilemas asociados a la decisión de participar o no en éstos dividió a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), actor central en los avances producidos hasta 2015.

¿Qué hacer frente a la elección presidencial de este año, a la que, por supuesto, Maduro se presentará para ser reelecto? Modestamente, me parece que, fracasado por el momento el plan de la confrontación y la protesta, no queda sino dar la batalla electoral. Por supuesto, se trata de elecciones en el contexto de una dictadura, en un escenario amañado y controlado el régimen. El Consejo Nacional Electoral impide participar a los principales grupos de oposición como la MUD, Primero Justicia o Voluntad Popular, que no participaron en las últimas elecciones municipales. La presión de la comunidad internacional es ahora clave para lograr comicios mínimamente plurales, justas y competitivas con plazos razonables y el reestablecimiento de la legalidad constitucional. ¿Qué dice nuestra cancillería?

Justicia y política. Brasil y Perú

Artículo publicado en La República, domingo 28 de enero de 2018

El miércoles pasado, la Corte de Segunda Instancia de Porto Alegre, por unanimidad (tres votos), no solo confirmó la condena a prisión del expresidente Lula expedida por el juez federal Sergio Moro, sino que amplió la pena de nueve a doce años, por delitos de corrupción y lavado de dinero. Esta decisión judicial tiene un gran impacto político, porque la popularidad del expresidente ha ido creciendo en los últimos meses (llegó al 45% de aprobación en diciembre, más del doble que sus más cercanos seguidores), al punto que aparece como el puntero en las encuestas de intención de voto frente a la elección presidencial de octubre de este año.

Según muchos analistas, la condena es desproporcionada y refleja la politización y el sesgo político en la acción de la justicia. Según otros, es muestra de su autonomía y de la fortaleza de las instituciones brasileñas. ¿Cómo entender esta situación? Los defensores del presidente señalan que en la condena en cuestión, por haber recibido un departamento de lujo como soborno a cambio de favorecer a la empresa OAS con contratos con la empresa pública Petrobras, no existirían pruebas concluyentes, y que de lo que se trataría es de impedir la candidatura de Lula, que aparece con una opción significativa de alcanzar nuevamente la presidencia. Estaríamos ante un complot de sectores conservadores que controlan las instancias judiciales.

Mi opinión es que no puede perderse de vista que los problemas de corrupción que hemos visto en Brasil en los últimos años, y que tanto han impactado nuestro país, se incubaron, desarrollaron, adquirieron amplias y sofisticadas estructuras, y alcanzaron proporciones gigantescas, durante los años de la presidencia de Lula. Los juicios contra éste son varios, y aquél por el que acaba de ser condenado es apenas uno entre siete. No debería sorprender que los jueces tengan en cuenta el calendario electoral dentro de sus consideraciones. De otro lado, paradójicamente, fue también durante los años de Lula que se dio una legislación y un apoyo político que permitió el fortalecimiento institucional de las instancias judiciales. Ese fortalecimiento se ha expresado en el activismo y la iniciativa judicial que hoy lo condena. Los jueces brasileños han seguido en sus razonamientos la teoría del “dominio del hecho” que conocemos muy bien en nuestro país: existió un vasto esquema de corrupción organizado desde la cúpula del poder; el presidente necesariamente sabía y apoyaba lo que ocurría, el pago de sobornos de empresas privadas para el partido de gobierno y sus dirigentes. Así, no habría necesidad de encontrar una prueba directa concluyente, sino que la concurrencia de múltiples datos indirectos permitirían llegar a esa certeza.

Por supuesto, se puede estar en desacuerdo y criticar las sentencias judiciales, y ciertamente los jueces brasileños han caído en más de un desatino o error. Pero no se puede desacatar las sentencias, más todavía si después de la primera instancia, ha sido ratificada por unanimidad en una segunda, lo que le quita peso al argumento de la manipulación política. Queda todavía pendiente la ratificación de la Corte Suprema y otras instancias. No me parece que se pueda hablar de un quiebre del Estado de derecho en Brasil.

Desde el Perú, creo que el mismo criterio que nos lleva a respaldar la condena al expresidente Fujimori amparándose en la teoría del dominio del hecho nos debería llevar a respaldar la de Lula. No son por supuesto los mismos delitos y son presidentes muy diferentes, pero el esquema delictivo es bastante similar.

2018

Artículo publicado en La República, domingo 21 de enero de 2018

Empezamos en esta columna imaginando el año pasado uno relativamente estable: decíamos que en el segundo año de gobierno las expectativas infundadas se disipan, pero el hartazgo todavía no aparece; y que en cuanto a la gestión, se superan las novatadas iniciales y la nueva administración empieza a funcionar. Las cosas, como sabemos, fueron muy distintas: no pudimos preveer, de un lado, que los niveles de confrontación entre el ejecutivo y el legislativo siguieran un camino ascendente (recordemos las coyunturas de los pedidos de censura a los ministros Thorne y Martens, el pedido de confianza del presidente de consejo Zavala); y del otro, tampoco pudimos preveer cómo el gobierno en general y el Presidente de la República en particular mostraran tal vocación por complicarse la vida y torpedear sus propias iniciativas: recordemos el manejo de la concesión del aeropuerto de Chinchero, la renuncia del ministro Vizcarra, el manejo de la huelga de maestros. Además se presentaron factor exógenos que resultaron decisivos, como los provenientes desde Brasil asociados al caso lava jato, que judicializaron la política y causaron múltiples estragos mayores.

¿Cómo será el 2018? En octubre del año pasado, después de que el Consejo de Ministros presidido por Mercedes Aráoz obtuviera el voto de confianza del Congreso, decíamos que había elementos que hacían pensar que podría durar en el tiempo: la visita del Papa, el mundial de fútbol y las elecciones regionales y municipales, harán que la atención no esté tan centrada en el gobierno; además, una recuperación económica, consecuencia de factores externos, podría repercutir favorablemente en el ánimo ciudadano. Decíamos también que lo que más nos preocupaba es que el gobierno se contentara con solo sobrevivir, y se perdiera cualquier ímpetu reformista.

Hoy pensamos algo parecido, pero con poder ejecutivo mucho más precario y vulnerable (en realidad, cualquier crisis importante podría hacer caer a ministros, a Aráoz y hasta al propio Presidente) y con una preocupación mucho mayor por un gobierno que lleva apenas año y medio y que podría hacer que en los tres y medio que le faltan condene a todo el país a tener una mera administración, no un gobierno propiamente dicho, y aún peor, que en nombre de la estabilidad y la gobernabilidad se retroceda en lo poco que se ha avanzado en los últimos años.

La Presidenta del Consejo de Ministros no solo enfrenta problemas de credibilidad, además encabeza un gabinete donde no hay visos de iniciativas reformistas. Con el gabinete Zavala había cuando menos algunas ideas y personajes que señalaban alguna dirección: “destrabe” de proyectos, desburocratización, por ejemplo. Ministros como Saavedra y Martens en Educación, García en Salud, Basombrío en Interior, Luna en la Cancillería, Pérez Tello en Justicia, Nieto en Defensa, en medio de todo, lideraban iniciativas, marcaban cierta pauta. En la actualidad, no se percibe nada todavía, lamentablemente. Aunque dejándose llevar por la corriente, podríamos llegar hasta julio, fecha en la que podría haber una recomposición del gabinete, jugándose la carta de un Presidente de Consejo de Ministros más político y más fuerte, y de un gabinete de “unidad nacional”.

Esta recurso parece imprescindible en tanto después del indulto al condenado expresidente Fujimori y con las investigaciones todavía en curso respecto a los vínculos del presidente Kuczynski con Odebrecht y otros asuntos, la figura del “paso al costado” de la que se hablaba durante los momentos más críticos del gobierno del presidente Toledo adquiere gran pertinencia.

¿Negociación o coincidencia?

Artículo publicado en La República, domingo 14 de enero de 2018

Los protagonistas centrales del indulto al expresidente Fujimori (24 de diciembre) ocurrido inmediatamente después de la votación de la moción de declaratoria de vacancia presidencial por incapacidad moral (21 de diciembre) señalan que uno nada tiene que ver con el otro, y que apenas hay una coincidencia temporal. De otro lado, muchos periodistas se han encargado de hacer minuciosas reconstrucciones de hechos y de buscar contactos entre personajes clave para demostrar que sí hubo una negociación explícita. Me parece que no es necesario hurgar en los detalles como en una investigación detectivesca para entender lo sucedido. Algo de teoría política podría ayudar.

Robert Axelrod, en La evolución de la cooperación (1984) contó cómo durante la primera guerra mundial, en las trincheras franco – alemanas, los soldados se las arreglaban para desarrollar conductas cooperativas contrarias a los deseos de sus mandos, y sin necesidad de pactarlas de manera directa, mediante la estrategia del tit-for-tat, quid pro quo, o “una por otra”, como querramos llamarla. Al recibir la orden de atacar, un bando disparaba al aire. El bando contrario respondía haciendo lo mismo, y así ambos salvaban sus vidas. Cooperación sin acuerdo previo. Pero sí se trata de una negociación: porque a la iniciativa de cooperación se puede responder atacando, con lo que la guerra se reanuda.

Kenji Fujimori ofreció claramente sus votos en el Congreso a cambio del indulto de su padre desde los primeros meses del año pasado. Pero era una promesa poco creíble: ¿de cuántos votos hablábamos? Kenji estaba siendo objeto de un proceso disciplinario en Fuerza Popular; entonces, el 11 de julio logró la presentación de una carta firmada por 23 parlamentario de FP solicitando suspender el proceso. No era suficiente, porque el 18 de julio resultó suspendido por 60 días, sin que se produjera ningún cisma.

Kenji necesitaba hacer creíble que contaba con una parte relevante de la “bankada”, y la oportunidad se presentó con la moción de vacancia del presidente del 15 de diciembre. Al mismo tiempo, el gobierno debía dar señales de que tendría el indulto listo para usarlo si es que se presentaba la ocasión, de allí el nombramiento de Mendoza en el Ministerio de Justicia en setiembre, y los posteriores cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales. Una vez que Kenji demostró que contaba con diez votos, que resultaron claves para impedir la caída del presidente, se dio la señal que se esperaba desde Palacio. Disparar al aire al recibir la orden de disparar a matar. El presidente reciprocó “cooperando” también, tres días después, con el indulto. No necesariamente hubo una negociación explícita directa, bastó que los protagonistas lancen y entiendan las señales del otro; pero sí hubo una negociación implícita, un tit-for-tat. El problema para el presidente, como ya hemos dicho, es que el indulto no impide para nada que le sigan disparando fuego graneado desde el frente, y ahora le disparan también con entusiasmo desde su propio lado.

Puede haber cooperación sin negociación, por ejemplo, la relación entre el APRA y el fujimorismo desde el segundo gobierno del presidente García. Algunos decían que la “alianza aprofujimorista” se basaba en la promesa del indulto, que nunca se dio. Si esto hubiera sido cierto, las relaciones entre ambos serían hostiles, y como es evidente, eso no es así. El ejemplo de una iniciativa de cooperación no reciprocada que genera animosidad es la del antifujimorismo con el presidente. Los primeros sienten que le salvaron el pellejo, para luego ser pagados por una traición.