jueves, 15 de febrero de 2018

¿Cae PPK?

Artículo publicado en La República, domingo 11 de febrero de 2018

La gran pregunta que flota en el ambiente político peruano es si el presidente Kuczynski será capaz de terminar su mandato, o si el Congreso declarará la vacancia por su supuesta incapacidad moral. Fernando Rospigliosi ha citado los trabajos del colega Aníbal Pérez-Liñán, quien ha estudiado las crisis presidenciales latinoamericanas que han terminado con la caída de los mandatarios a través de juicios políticos en las últimas décadas. Como se ha recordado, para Pérez-Liñán las caídas se dan después de escándalos revelados por la prensa; de que el presidente pierde el control del Congreso; y cuando se dan protestas callejeras masivas, capaces de congregar un conjunto amplio y heterogéneo de sectores.

Si bien tenemos escándalos y denuncias de corrupción, las razones que nos llevaron a oponernos a la declaratoria de vacancia en diciembre desde esta columna siguen siendo las mismas. Las denuncias hasta el momento son ciertamente graves y deben ser investigadas y aclaradas, pero no parece haber mucha novedad en ese frente. Se especula mucho sobre las futuras declaraciones de Jorge Barata, pero las declaraciones de Marcelo Odebrecht señalan que la relación de PPK como consultor con su empresa se dio después de que fue ministro y antes de que fuera candidato presidencial; y que PPK fue una “piedra en el zapato” desde Proinversión para que se adjudicara el contrato de concesión de la carretera interoceánica. En segundo lugar, si bien el presidente no tiene ningún control sobre el Congreso, no es evidente de que existan en este momento los 87 votos necesarios para lograr la vacancia. Están los 61 votos de Fuerza Popular, los veinte de la izquierda (diez del Frente Amplio y diez de Nuevo Perú), que suman 81; los restantes deberían salir de las bancadas de Alianza para el Progreso (8) y de Acción Popular (5), donde no hay una postura clara, y de alguno de los No Agrupados (16, de los cuales a favor de la vacancia podrían estar apenas dos; también parecen contrarios a ésta los cinco del APRA). Y finalmente, la protesta callejera por la vacancia no logra ser amplia y plural, y parece circunscrita a los sectores antifujimoristas.

Por supuesto, todo puede cambiar rápidamente. Y el factor más voluble, a mi juicio, depende esencialmente de la negociación desde el Congreso con el vicepresidente Vizcarra. Como ha sido resaltado por muchos, en muy diversos sectores la imagen de un gobierno encabezado por Martín Vizcarra ha empezado a ser visto como una posibilidad interesante. Acá el asunto es que cada quien construye un Vizcarra a su medida para ilusionarse. Desde el fujimorismo se espera a un presidente sumiso que les allane el camino al triunfo en 2021; desde la orilla opuesta, a un presidente enérgico en el combate a la corrupción y la defensa de las instituciones. Desde la izquierda a un presidente más dialogante y sensible a dimensiones regionales y sociales, y desde la derecha a uno proempresarial y promotor de la inversión privada. Al mismo tiempo, me imagino, Vizcarra debe recordar que fue maltratado por el Congreso, desde diversos frentes, cuando fue ministro durante la negociación del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, por lo que no debe tener ningún apuro para lanzarse al ruedo. De un lado el Congreso espera tener más claro qué tipo de presidente sería, y del otro Vizcarra espera cierta garantía de que lo dejarían gobernar. Hasta que estos asuntos no se aclaren, no es evidente de que las diferentes bancadas en el Congreso lo prefieran a él y no a un presidente débil, pero por lo mismo manejable, presionable y concesivo.

¿Qué hacer en Venezuela? 2018

Artículo publicado en La República, domingo 4 de febrero de 2018

En octubre del año pasado comentábamos cómo el gobierno de Nicolás Maduro parecía recuperar la iniciativa después de aparecer tambaleante. La crisis económica, el creciente desgobierno, la unidad de la oposición, permitió a ésta avanzar, ganando incluso el control del parlamento después de las elecciones parlamentarias de 2015. El paso siguiente fue el pedido de un referéndum revocatorio para el presidente Maduro, que la oposición esperaba se pudiera dar a finales de 2016, de modo que pudiera convocarse inmediatamente después a una nueva elección presidencial. Como sabemos, Maduro, consciente de que había perdido mayoría electoral y control del Congreso, impidió la realización del referéndum, postergó indefinidamente las elecciones regionales de 2016, y cercenó las prerrogativas de la Asamblea Nacional a inicios de 2017, utilizando al Tribunal Supremo de Justicia. El régimen autoritario de Maduro pasó a una etapa abiertamente dictatorial, y la oposición respondió con la movilización en las calles; entre abril y junio del año pasado Maduro parecía estar a punto de caer.

Pero logró sobrevivir. En julio se realizaron elecciones para conformar una Asamblea Nacional Constituyente; al instalarse en agosto, una de sus primeras decisiones fue asumir la función legislativa, quitándosela definitivamente a la Asamblea Nacional. Luego convocó para octubre las postergadas elecciones regionales, y para diciembre las elecciones municipales, en las que obtuvo sendos triunfos. Tanto así Maduro confía en que ha recuperado competitividad electoral, que ha propuesto adelantar para abril la elección presidencial prevista para diciembre de este año.

¿Cómo así Maduro logró sobrevivir, a pesar de la dramática crisis venezolana? No es sencillo dar una respuesta, pero entre varios factores habría que mencionar que la gravedad de la crisis minó a la larga las capacidades de resistencia civil y acción colectiva de protesta; hizo a la sociedad, especialmente a los sectores populares, cada vez más dependientes de esquemas clientelísticos para sobrevivir (al respecto son claves los “Carnets de la Patria”, documento que permite el acceso a programas sociales y a los programas de distribución de alimentos subsidiados a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción –CLAPS-). El Estado, en medio de su colapso, se mantiene como aparato eficaz de control y redistribución de rentas. Al mismo tiempo, la oposición perdió credibilidad como alternativa viable, al identificarse durante un periodo largo solamente con la movilización y la protesta, y al ausentarse de los últimos procesos electorales. Además, los dilemas asociados a la decisión de participar o no en éstos dividió a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), actor central en los avances producidos hasta 2015.

¿Qué hacer frente a la elección presidencial de este año, a la que, por supuesto, Maduro se presentará para ser reelecto? Modestamente, me parece que, fracasado por el momento el plan de la confrontación y la protesta, no queda sino dar la batalla electoral. Por supuesto, se trata de elecciones en el contexto de una dictadura, en un escenario amañado y controlado el régimen. El Consejo Nacional Electoral impide participar a los principales grupos de oposición como la MUD, Primero Justicia o Voluntad Popular, que no participaron en las últimas elecciones municipales. La presión de la comunidad internacional es ahora clave para lograr comicios mínimamente plurales, justas y competitivas con plazos razonables y el reestablecimiento de la legalidad constitucional. ¿Qué dice nuestra cancillería?

Justicia y política. Brasil y Perú

Artículo publicado en La República, domingo 28 de enero de 2018

El miércoles pasado, la Corte de Segunda Instancia de Porto Alegre, por unanimidad (tres votos), no solo confirmó la condena a prisión del expresidente Lula expedida por el juez federal Sergio Moro, sino que amplió la pena de nueve a doce años, por delitos de corrupción y lavado de dinero. Esta decisión judicial tiene un gran impacto político, porque la popularidad del expresidente ha ido creciendo en los últimos meses (llegó al 45% de aprobación en diciembre, más del doble que sus más cercanos seguidores), al punto que aparece como el puntero en las encuestas de intención de voto frente a la elección presidencial de octubre de este año.

Según muchos analistas, la condena es desproporcionada y refleja la politización y el sesgo político en la acción de la justicia. Según otros, es muestra de su autonomía y de la fortaleza de las instituciones brasileñas. ¿Cómo entender esta situación? Los defensores del presidente señalan que en la condena en cuestión, por haber recibido un departamento de lujo como soborno a cambio de favorecer a la empresa OAS con contratos con la empresa pública Petrobras, no existirían pruebas concluyentes, y que de lo que se trataría es de impedir la candidatura de Lula, que aparece con una opción significativa de alcanzar nuevamente la presidencia. Estaríamos ante un complot de sectores conservadores que controlan las instancias judiciales.

Mi opinión es que no puede perderse de vista que los problemas de corrupción que hemos visto en Brasil en los últimos años, y que tanto han impactado nuestro país, se incubaron, desarrollaron, adquirieron amplias y sofisticadas estructuras, y alcanzaron proporciones gigantescas, durante los años de la presidencia de Lula. Los juicios contra éste son varios, y aquél por el que acaba de ser condenado es apenas uno entre siete. No debería sorprender que los jueces tengan en cuenta el calendario electoral dentro de sus consideraciones. De otro lado, paradójicamente, fue también durante los años de Lula que se dio una legislación y un apoyo político que permitió el fortalecimiento institucional de las instancias judiciales. Ese fortalecimiento se ha expresado en el activismo y la iniciativa judicial que hoy lo condena. Los jueces brasileños han seguido en sus razonamientos la teoría del “dominio del hecho” que conocemos muy bien en nuestro país: existió un vasto esquema de corrupción organizado desde la cúpula del poder; el presidente necesariamente sabía y apoyaba lo que ocurría, el pago de sobornos de empresas privadas para el partido de gobierno y sus dirigentes. Así, no habría necesidad de encontrar una prueba directa concluyente, sino que la concurrencia de múltiples datos indirectos permitirían llegar a esa certeza.

Por supuesto, se puede estar en desacuerdo y criticar las sentencias judiciales, y ciertamente los jueces brasileños han caído en más de un desatino o error. Pero no se puede desacatar las sentencias, más todavía si después de la primera instancia, ha sido ratificada por unanimidad en una segunda, lo que le quita peso al argumento de la manipulación política. Queda todavía pendiente la ratificación de la Corte Suprema y otras instancias. No me parece que se pueda hablar de un quiebre del Estado de derecho en Brasil.

Desde el Perú, creo que el mismo criterio que nos lleva a respaldar la condena al expresidente Fujimori amparándose en la teoría del dominio del hecho nos debería llevar a respaldar la de Lula. No son por supuesto los mismos delitos y son presidentes muy diferentes, pero el esquema delictivo es bastante similar.

2018

Artículo publicado en La República, domingo 21 de enero de 2018

Empezamos en esta columna imaginando el año pasado uno relativamente estable: decíamos que en el segundo año de gobierno las expectativas infundadas se disipan, pero el hartazgo todavía no aparece; y que en cuanto a la gestión, se superan las novatadas iniciales y la nueva administración empieza a funcionar. Las cosas, como sabemos, fueron muy distintas: no pudimos preveer, de un lado, que los niveles de confrontación entre el ejecutivo y el legislativo siguieran un camino ascendente (recordemos las coyunturas de los pedidos de censura a los ministros Thorne y Martens, el pedido de confianza del presidente de consejo Zavala); y del otro, tampoco pudimos preveer cómo el gobierno en general y el Presidente de la República en particular mostraran tal vocación por complicarse la vida y torpedear sus propias iniciativas: recordemos el manejo de la concesión del aeropuerto de Chinchero, la renuncia del ministro Vizcarra, el manejo de la huelga de maestros. Además se presentaron factor exógenos que resultaron decisivos, como los provenientes desde Brasil asociados al caso lava jato, que judicializaron la política y causaron múltiples estragos mayores.

¿Cómo será el 2018? En octubre del año pasado, después de que el Consejo de Ministros presidido por Mercedes Aráoz obtuviera el voto de confianza del Congreso, decíamos que había elementos que hacían pensar que podría durar en el tiempo: la visita del Papa, el mundial de fútbol y las elecciones regionales y municipales, harán que la atención no esté tan centrada en el gobierno; además, una recuperación económica, consecuencia de factores externos, podría repercutir favorablemente en el ánimo ciudadano. Decíamos también que lo que más nos preocupaba es que el gobierno se contentara con solo sobrevivir, y se perdiera cualquier ímpetu reformista.

Hoy pensamos algo parecido, pero con poder ejecutivo mucho más precario y vulnerable (en realidad, cualquier crisis importante podría hacer caer a ministros, a Aráoz y hasta al propio Presidente) y con una preocupación mucho mayor por un gobierno que lleva apenas año y medio y que podría hacer que en los tres y medio que le faltan condene a todo el país a tener una mera administración, no un gobierno propiamente dicho, y aún peor, que en nombre de la estabilidad y la gobernabilidad se retroceda en lo poco que se ha avanzado en los últimos años.

La Presidenta del Consejo de Ministros no solo enfrenta problemas de credibilidad, además encabeza un gabinete donde no hay visos de iniciativas reformistas. Con el gabinete Zavala había cuando menos algunas ideas y personajes que señalaban alguna dirección: “destrabe” de proyectos, desburocratización, por ejemplo. Ministros como Saavedra y Martens en Educación, García en Salud, Basombrío en Interior, Luna en la Cancillería, Pérez Tello en Justicia, Nieto en Defensa, en medio de todo, lideraban iniciativas, marcaban cierta pauta. En la actualidad, no se percibe nada todavía, lamentablemente. Aunque dejándose llevar por la corriente, podríamos llegar hasta julio, fecha en la que podría haber una recomposición del gabinete, jugándose la carta de un Presidente de Consejo de Ministros más político y más fuerte, y de un gabinete de “unidad nacional”.

Esta recurso parece imprescindible en tanto después del indulto al condenado expresidente Fujimori y con las investigaciones todavía en curso respecto a los vínculos del presidente Kuczynski con Odebrecht y otros asuntos, la figura del “paso al costado” de la que se hablaba durante los momentos más críticos del gobierno del presidente Toledo adquiere gran pertinencia.

¿Negociación o coincidencia?

Artículo publicado en La República, domingo 14 de enero de 2018

Los protagonistas centrales del indulto al expresidente Fujimori (24 de diciembre) ocurrido inmediatamente después de la votación de la moción de declaratoria de vacancia presidencial por incapacidad moral (21 de diciembre) señalan que uno nada tiene que ver con el otro, y que apenas hay una coincidencia temporal. De otro lado, muchos periodistas se han encargado de hacer minuciosas reconstrucciones de hechos y de buscar contactos entre personajes clave para demostrar que sí hubo una negociación explícita. Me parece que no es necesario hurgar en los detalles como en una investigación detectivesca para entender lo sucedido. Algo de teoría política podría ayudar.

Robert Axelrod, en La evolución de la cooperación (1984) contó cómo durante la primera guerra mundial, en las trincheras franco – alemanas, los soldados se las arreglaban para desarrollar conductas cooperativas contrarias a los deseos de sus mandos, y sin necesidad de pactarlas de manera directa, mediante la estrategia del tit-for-tat, quid pro quo, o “una por otra”, como querramos llamarla. Al recibir la orden de atacar, un bando disparaba al aire. El bando contrario respondía haciendo lo mismo, y así ambos salvaban sus vidas. Cooperación sin acuerdo previo. Pero sí se trata de una negociación: porque a la iniciativa de cooperación se puede responder atacando, con lo que la guerra se reanuda.

Kenji Fujimori ofreció claramente sus votos en el Congreso a cambio del indulto de su padre desde los primeros meses del año pasado. Pero era una promesa poco creíble: ¿de cuántos votos hablábamos? Kenji estaba siendo objeto de un proceso disciplinario en Fuerza Popular; entonces, el 11 de julio logró la presentación de una carta firmada por 23 parlamentario de FP solicitando suspender el proceso. No era suficiente, porque el 18 de julio resultó suspendido por 60 días, sin que se produjera ningún cisma.

Kenji necesitaba hacer creíble que contaba con una parte relevante de la “bankada”, y la oportunidad se presentó con la moción de vacancia del presidente del 15 de diciembre. Al mismo tiempo, el gobierno debía dar señales de que tendría el indulto listo para usarlo si es que se presentaba la ocasión, de allí el nombramiento de Mendoza en el Ministerio de Justicia en setiembre, y los posteriores cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales. Una vez que Kenji demostró que contaba con diez votos, que resultaron claves para impedir la caída del presidente, se dio la señal que se esperaba desde Palacio. Disparar al aire al recibir la orden de disparar a matar. El presidente reciprocó “cooperando” también, tres días después, con el indulto. No necesariamente hubo una negociación explícita directa, bastó que los protagonistas lancen y entiendan las señales del otro; pero sí hubo una negociación implícita, un tit-for-tat. El problema para el presidente, como ya hemos dicho, es que el indulto no impide para nada que le sigan disparando fuego graneado desde el frente, y ahora le disparan también con entusiasmo desde su propio lado.

Puede haber cooperación sin negociación, por ejemplo, la relación entre el APRA y el fujimorismo desde el segundo gobierno del presidente García. Algunos decían que la “alianza aprofujimorista” se basaba en la promesa del indulto, que nunca se dio. Si esto hubiera sido cierto, las relaciones entre ambos serían hostiles, y como es evidente, eso no es así. El ejemplo de una iniciativa de cooperación no reciprocada que genera animosidad es la del antifujimorismo con el presidente. Los primeros sienten que le salvaron el pellejo, para luego ser pagados por una traición.

Los Fujimori

Artículo publicado en La República, domingo 7 de enero de 2018

Como en la historia de las monarquías, el análisis político del Perú de hoy requiere referirnos a la familia Fujimori. Quizá sea útil revisar la trayectoria que nos condujo a la situación actual.

Cuando Alberto Fujimori postuló a la presidencia en 1990, Susana Higuchi no solo era cónyuge, también socia política. Esto es importante para entender cuánto gravita la política en toda la familia y sus conflictos. El nuevo presidente, al distanciarse de su núcleo de campaña, lo hizo también de su esposa. Hacia 1992 Higuchi denunció malos manejos gubernamentales, que implicaban a los hermanos del presidente; después denunció maltratos y hasta secuestros y torturas. El divorcio se consumó en 1995, año en el que Higuchi pretendió sin éxito postular al Congreso; postuló y fue electa en 2000 y reelecta en 2001. Llamó la atención el que todos los hijos tomaran partido por el padre, a pesar de la gravedad de las denuncias. Keiko, la mayor, tenía 20 años en 1995, y Kenji, el menor, 15. Un año antes Keiko había asumido las funciones de primera dama. Alberto como presidente no descuidó la relación con los hijos, más bien usufructuó los recursos de la presidencia para ganar su lealtad. Además, en 1995 estaba en su momento más alto de popularidad, lo que le permitió ser reelecto con el 64.4% de los votos.

Keiko acompañó a su padre en la ilegal campaña del 2000, asumiendo el activo y el pasivo de su gobierno. Ahora, cuando Alberto Fujimori huyó a Japón no solo abandonó al país, también a sus hijos, que tuvieron que enfrentar acusaciones de enriquecimiento ilícito. En noviembre de 2005 el prófugo, de manera desconcertante, viajó a Chile, y en julio de 2007 postuló ignominiosamente al senado japonés, intentando impedir el proceso de extradición que se concretó en el mes de septiembre y que culminó con su sentencia a 25 años de prisión en abril de 2009. Paralelamente, Keiko terminó estudios en los Estados Unidos, logró ser elegida congresista en 2006 con la más alta votación, se casó, tuvo dos hijas, y emergió como la heredera de un fujimorismo que su padre resultaba incapaz de liderar. Hasta la elección de 2011 Alberto mantuvo control importante en Fuerza 2011, pero desde la creación de Fuerza Popular, Keiko emergió como la líder indiscutible. Kenji además logró ser elegido en 2011 y luego en 2016 como el congresista más votado, pero sin la credibilidad suficiente como para aspirar a ser propiamente un sucesor.

Puede entenderse que Alberto Fujimori aspirara a su libertad, no tanto que por ella conspirara contra la consolidación de su propia herencia política a través de su hija. El liderazgo de Keiko implicaba necesariamente distanciarse de su padre, y que su liberación no fuera el punto central de la agenda política de FP. El propio Alberto careció de una estrategia clara para lograr su excarcelación, de allí los numerosos cambios de abogados y de posturas al respecto. Cuando en la campaña de 2016 Keiko prometió no usar el poder político para liberar a su padre hacía mucho más que una promesa de campaña. La derrota en la campaña presidencial y la mayoría congresal de FP cambió el escenario: Alberto y Kenji empezaron a presionar para obtener un indulto por vías políticas. Un desafío a la hija y la hermana, y una lidereza que no supo manejar ni su derrota ni el gran poder que adquirió.

En lo inmediato parece que a todos les interesa mantener la familia unida, acaso condición necesaria para triunfos políticos en 2018 y 2021. ¿Aceptará Alberto que su tiempo hace tiempo pasó, o su ambición liquidará a su propia hija y a su propio legado con ella?